Secuestro de Monseñor Álvarez detonó denuncia en Argentina contra la dictadura

El secuestro del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, fue el “detonante” de la denuncia presentada por dos abogados argentinos contra los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros implicados en la represión.

Darío Richarte, uno de los abogados que presentó la denuncia contra la dictadura, expresó en Café con Voz, que aunque el detonante fue el secuestro del religioso, desde antes se venía recompilando información sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

En la lista de denunciados se incluyen a:

Daniel Ortega, dictador nicaragüense

Rosario Murillo, vocera de la dictadura

Francisco Díaz, Director de la Policía Sandinista

Ramón Avellán, subdirector de la Policía Sandinista

Néstor Moncada Lau, asesor de la dictadura

Julio César Avilés, General de Ejército

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Oscar Mojica, Ministro de Infraestructura y guardaespaldas de Ortega.

Gustavo Porras, presidente del Parlamento

Sonia Castro, exministra de salud

Ovidio Reyes, presidente del Banco Central

Francisco López, vicepresidente de Albanisa

Fidel Moreno, Secretario de la Comuna Capitalina

Lumberto Campbell, magistrado del Poder Electoral

¿Cómo nació esta iniciativa de denunciar a la dictadura?

La detención del Obispo fue el disparador de la denuncia. Es algo en lo que venimos trabajando desde hace algún tiempo, en silencio, como hay que hacer las cosas cuando uno persigue objetivos difíciles.

Desde abril de 2018, en lo personal, por razones académicas y preocupaciones personales, vengo siguiendo el tema de Nicaragua. Hemos tenido un empeoramiento de la situación, cada vez más acelerado y tal vez, la detención del Obispo nos sirvió para cristalizar lo que veníamos viendo desde hace tiempo y presentar este caso ante la justicia argentina.

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¿Por qué denunciar a la dictadura?

El mal ejemplo de la dictadura de Nicaragua fue un caso de estudio en las unidades vinculadas a los crímenes de lesa humanidad en la Universidad de Buenos Aires.

La detención del Obispo lo vemos como una coronación de todo lo que pasa en Nicaragua, con todo el tema de violaciones a los derechos humanos.

Esta denuncia la acepta la justicia argentina y es un carácter internacional. Aceptó denuncias en casi cinco veces y algunas se siguen procesando y otras que fueron reclamadas por otras jurisdicciones.

Esta denuncia la presentamos el 26 de agosto en silencio, para que no hubieran presiones sobre el juez. Se supo lo que pasó cuando la justicia argentina aceptó la denuncia y busca establecer las responsabilidades penales de las autoridades de Nicaragua.

¿Cómo es el proceso de investigación en un caso como este?

Es un caso de la justicia penal, que se rige por el Código Penal de Argentina. No tiene ninguna diferencia con ninguna investigación criminal.

La Constitución Argentina contempla el principio de justicia universal. El Fiscal recibió la denuncia, entendió que existen elementos para avanzar en la investigación y la abrió.

Denunciados en Argentina

En este tipo de investigación, por un lado tenemos que hay un trabajo previo de sistematización de declaraciones de las víctimas y luego se podría elegir a un número de víctimas, sin revictimizarla.

No necesitamos la colaboración de Nicaragua, porque muchas de las víctimas que están con vida no están en Nicaragua y estoy seguro que los países que los albergan van a colaborar.

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No es un obstáculo y por esa razón la investigación se hace en Argentina, quizás los obstáculos serían otros. La justicia argentina tiene problemas porque la democracia está en problemas, pero es una justicia que en materia de derechos humanos, sigue una tradición histórica de cuarenta años.

Me imagino que ya deben haber presiones y que los amigos de Ortega, estarán intentando a través de diversos mecanismos, impedir esta investigación.

¿Cómo definieron a los denunciados?

Hemos tenido conversaciones con personas en el exilio que nos explicaron como funciona la represión. Hace falta mucha gente, pero solo avanzar en la investigación es un primer paso. A medida que avance, va a ir incorporando a diferentes personas.

Por ejemplo, la exjefa de la Policía, Aminta Granera, quien estuvo en los primeros días de la represión, no aparece en la lista…

Es posible que hayamos cometido omisiones, pero con la buena fe de saber que esas personas se pueden incorporar fácilmente en el futuro.

¿Ortega, Murillo y otras personas estarían circuladas si esta investigación procede?

Es el objetivo máximo que perseguimos porque no van a venir a Argentina. Los dictadores no se defienden porque creen que no tienen de qué defenderse. El sistema de justicia de Argentina avanza y  si individualiza responsabilidades penales, los va a llamar para su legítima defensa.

Si ellos no concurren a su declaración indagatoria, si se puede liberar una orden de captura internacional. Estos crímenes son imprescriptibles y no amnistiables.

Ortega y Murillo se han refugiado en la soberanía, ¿esto puede ser un obstáculo?

Si Nicaragua hubiera firmado el Estatuto de Roma, tendría su caso en la Corte Penal Internacional. Si el mundo no pudiera tener injerencia en otros estados, no existiría el Sistema de Justicia Universal. Ahora vivimos en otro mundo.

En Nicaragua se contemplan los delitos de lesa humanidad, ¿Cuánto pesa para la investigación?

Eso lo incluimos en la denuncia, porque lo tienen y no lo aplican. Es una de las mejores muestras de impunidad.

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