El Departamento de Estado de los Estados Unidos aplicó sanciones a 23 funcionarios del sistema penal de la dictadura de Daniel Ortega, por entablar juicios espurios contra opositores nicaragüenses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, actualizó la lista de funcionarios corruptos en Nicaragua, Honduras Guatemala y El Salvador en un reporte enviado al Congreso de la nación norteamericana, por lo que revocará visas o negará el ingreso a 23 empleados de la dictadura sandinista.

De los cuatro países centroamericanos incluidos en la lista, Nicaragua es el que ocupa la mayor cantidad de funcionarios corruptos (23), seguido de Guatemala (16), Honduras (15) y El Salvador (7)

En el caso de Nicaragua, el Departamento de Estado, de conformidad con la Sección 353 (b) del Departamento de Estado, Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados,  incluyó a fiscales y jueces al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que han socavado los procesos investigativos, han participado en actos de corrupción en detrimento de la democracia y la justicia en el país centroamericano.

Además, se incluye a funcionarios que han participado en soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. 

“El 10 de noviembre de 2021, el Presidente firmó la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), agregando a Nicaragua a los países dentro del alcance de la Sección 353. El 21 de junio de 2021, el Presidente delegó su autoridad bajo la Sección 353 al Secretario de Estado”, señala el reporte del Departamento de Estado.

El informe añade que las personas extranjeras identificadas en el documento presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. 

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“El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para detectar e interrumpir actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, añade el informe.

Estos son los funcionarios corruptos incluidos en el informe:

Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

El juez Erick Ramón Laguna Averruz socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos de la ola, cargos falsos de “atentado contra la integridad nacional” en los juicios simulados del activista opositor Alexis Peralta y el campesino sin afiliación política Santos Camilo Bellorín.

Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer su discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga.

Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de la activista opositora Evelyn Pinto.

Luis Alberto Mena Gámez, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando ejerció la discrecionalidad procesal para llevar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno. .

Luden Martín Quiroz García, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocracia por los cargos falsos de “atentado contra la integridad nacional” en los juicios falsos de la líder opositora Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes, y la exasambleísta María Fernanda Flores.

Melvin Leopoldo Vargas García, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio falso de la activista de la oposición Samantha Jiron.

Ángel Jancarlos Fernández González, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por los falsos cargos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de los líderes del sector privado Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; ex la líder sandinista Dora María Téllez, los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, socavó los procesos o instituciones democráticos cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Irving Larios.

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Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

William Irving Howard López, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de la activista de la oposición Nidia Barbosa.

Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

María Francis Pérez Mojica, fiscal de Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando dirigió el caso del régimen contra el activista prodemocracia y preso político Donald Alvarenga y presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores prodemocracia del régimen.

Verónica Fiallos Moncada, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de Douglas Cerros, un ciudadano sin afiliación política.

Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos de la ola, cargos falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.

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Rolando Salvador Sanarrusia Munguia, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por los falsos cargos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado del activista opositor Yoel Sandino.

Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos de la ola, cargos falsos de “atentado a la integridad nacional” en los juicios ficticios de los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, el excandidato presidencial Miguel Mora, el analista político Edgar Parrales, el director del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chavez.

Andrea del Carmen Salas, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos de la ola, cargos falsos de “atentado contra la integridad nacional” en los juicios simulados de los activistas opositores Yaser Vado y Yader Parajon, excanciller Francisco Aguirre Sacasa , la líder opositora Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano.

Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal en Estelí, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para llevar el caso del régimen contra el activista a favor de la democracia y preso político Alexis Peralta y presentar cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores al régimen.

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