UCA a la dictadura: «Estamos en orden, revisen nuestras finanzas»

Ante una potencial confiscación de la dictadura a la Universidad Centroamericana, UCA, el alma máter emitió un pronunciamiento mostrándose “abiertos” ante cualquier solicitud de información financiera por parte del régimen de Daniel Ortega.

“Somos una institución comprometida con el cumplimiento de las leyes y disposiciones aplicables a nuestra naturaleza como casa de estudios superiores y asociación civil. Tenemos como principio la transparencia en nuestra gestión”.

La UCA destacó que sus actividades y convenios son públicos y que se someten a las leyes de Nicaragua.

“Divulgamos siempre y constantemente, por distintos medios, las actividades que realizamos, así como los convenios y colaboraciones que establecemos. Como siempre lo hemos hecho, ponemos a disposición de las autoridades nacionales facultadas por las leyes toda la información que se requiere, en tiempo y forma, para la revisión y fiscalización de nuestro quehacer según el marco legal del país”, señala la UCA en un comunicado.

UCA destaca su trayectoria

Por otro lado, la UCA destacó que en sus más de 50 años de existencia, ha contribuido en la construcción de una sociedad justa y crítica.

“La UCA es una institución de educación superior fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús en 1960. En su seno, se ha constituido una comunidad universitaria que comparte la misión de contribuir a la construcción de una sociedad justa, critica, inclusiva y comprometida con el bien común, mediante la articulación de la formación, la investigación y la proyección social de calidad en colaboración con actores nacionales e internacionales que comparten nuestros valores”, señala.

Además señaló que continuarán su labor en pro del desarrollo del país en un ambiente de respeto.

“Seguimos comprometidos con continuar nuestra labor en pro del desarrollo de Nicaragua desde una educación integral en un ambiente de respeto y colaboración mutua, dispuestos a contribuir a la superación de los retos del presente, mirando con esperanzas al futuro”, añade.

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El régimen ilegalizó siete instituciones de estudio superior, el jueves 03 de febrero, según La Gaceta Diario Oficial y sumó de esta forma 12 universidades en menos 24 horas.

La Gaceta destacó que las entidades despojadas de su legalidad, son universidades de origen extranjero.

Gobernación justifica su decisión, argumentando que las siete  universidades incumplieron sus obligaciones, conforme las Leyes que regulan a los Organismos sin Fines de Lucro, en territorio nicaragüense (Ley 147, Ley 977 y su Reglamento), al no reportar por más de 10 años:

 Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de Ingresos, Egresos, Balanza de Comprobación, Detalle de Donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final), violentando el artículo 14 inciso b) del Reglamento de la Ley 977, Juntas Directivas del país de origen (artículo 21 de la Ley 147).

UPF también emitió comunicado previo a su confiscación

El pasado 18 de enero, la Universidad Paulo Freire anunció que el Ministerio de Gobernación aceptaría en un plazo de 15, los reportes de estados financieros de 2020 y responder notas aclaratorias.

“Reiteramos en este contexto, nuestra vocación de transparencia y cumplimiento de la legalidad vigente, en relación a las reglas establecidas en el país para el funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, tal y como lo hemos hecho, con relación a todos los requisitos, plazos y tramitaciones de los procesos de verificación de calidad, ordenados por la ley 704 y ejecutados eficientemente por el CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION C.N.E.A durante el año 2021”, señaló la Universidad Paulo Freire, confiscada dos semanas después.

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