La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, aprobó este viernes una resolución sobre “la situación en Nicaragua”, en la que se define como “ilegítima” la farsa electoral montada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La resolución fue aprobada con 25 votos a favor, 7 abstenciones, 1 en contra (Nicaragua) y 1 ausencia

Los países que votaron a favor fueron El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina y Ecuador.

Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Belice, Bolivia, se abstuvieron. Una delegación estuvo ausente: Saint Kitts y Nevis.

En la resolución los países miembros dse muestran preocupados y alarmados por el deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua.

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“El Gobierno de Nicaragua ha ignorado todas las recomendaciones de la OEA y, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), ha hostigado, restringido y arrestado a candidatos, partidos, medios independientes y sociedad civil en el proceso electoral, en contradicción con los artículos 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana”, señala uno de los párrafos de la resolución.

La resolución expone que, debido al encarcelamiento de líderes opositores y la constante represión, no existen condiciones para unos comicios libres y transparentes.

“Reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”, señala uno de los puntos de la resolución.

También establece que a más tardar el 30 de noviembre, se realice una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, que sería el primer paso previo a la expulsión del país centroamericano de la OEA.

“Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas”, detalla.

El especialista en Relaciones Internacionales, Guillermo Belt, explicó en una entrevista a Café Con Voz, que el mandato de la Asamblea General debe ser acatado por el Consejo Permanente.

“Es una evaluación previa que la Carta Democrática Interamericana establece como antecedente para dar el próximo paso, que es convocar a una Asamblea General Extraordinaria y ahí lo que se consideraría será la expulsión de Nicaragua de la OEA”, señaló Belt.

Además señaló que el plazo de 30 días podría ser para que los países impulsores de la resolución realicen un cabildeo con los demás embajadores y poder reunir los votos necesarios para el siguiente paso.

Nicaragua vuelve a rechazar resolución

Por su parte, Michael Campbell, delegado de la dictadura ante la OEA, rechazó la resolución y el debate sobre la situación en Nicaragua ante la Asamblea General.

“Lamentamos que las autoridades de algunos países de nuestra región, pretendan negar descaradamente la verdad, y adherirse a guiones y campañas que buscan socavar los derechos legítimos del Pueblo nicaragüense, que eligió soberanamente a sus autoridades, y persisten en proponer documentos, que desde su etapas muy tempranas, Nuestro Pueblo ha declarado inaceptables”, dijo Campbell.

“La OEA no es nuestro Consejo Supremo Electoral, la OEA no tiene la autoridad para constituir nuestras Juntas Receptoras de Voto, los funcionarios de la OEA no son ni deben ser Fiscales de partidos políticos, la OEA no es un Árbitro o Auditor del Proceso Electoral; cada Pueblo establece estas autoridades a través de sus leyes. Cuando el objetivo ha sido imponer lo contrario, la historia ha sido dramáticamente dolorosa”, añadió.

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