La especialista en derecho constitucional, exprecandidata presidencial y ahora exiliada política, María Asunción Moreno, apuesta a presionar a nivel nacional e internacional para que haya condiciones en las elecciones de Nicaragua y que se conforme un nuevo partido político que represente la lucha de abril de 2018 y así lograr la salida del régimen de Daniel Ortega.

Nicaragua debe unirse nuevamente a nivel nacional e internacional para la conformación de una nueva opción política que enfrente a Daniel Ortega, ante la falta de compromisos de los partido tradicionales y que han sido, en algunos casos, colaboracionistas del régimen sandinista y en otros inhibidos por la dictadura.

Lo anterior es parte de la conclusión a lo que llegó la perseguida política, exiliada y abogada constitucionalista, María Asunción Moreno, quien resaltó que se tienen que exigir las condiciones para la realización de elecciones con credibilidad a pesar de que el régimen ya demostró no tener interés en respetar las demandas internas y externas de respeto a la democracia y el derecho a escoger a sus autoridades.

Para Moreno, que ahora vive su exilio forzado, la organización política e inhibida Ciudadanos por la Libertad (CxL) de la que era parte, al final no respetó los acuerdos firmados con la Alianza Cívica, que era de darle representatividad a los demás sectores y renunciar a sus aspiraciones por algún puesto dentro del Estado. Esto afirmó demostró que la política tradicional sigue prevaleciendo.

“Creo que este es el momento de sumar esfuerzos para seguir con la lucha, la presión internacional también tienen que llevar a crear las condiciones para elecciones democráticas, de nuevas opciones políticas, hay que tener unidad para salir de la dictadura, nuevos partidos, nuevos liderazgos; los nicaragüenses quieren una nueva manera de hacer política, me retire de la comisión de enlaces porque no se estaban respetando los acuerdos, hay que crear un nuevo partido que represente el espíritu de abril”, dijo a Café con Voz.

Moreno, quien estaba consciente que sería perseguida por expresar su deseo a ser la candidata oficial de la oposición tras el secuestro de siete de sus amigos, también precandidatos presidenciales, dijo que lo más doloroso del exilio, al que se ve enfrentada ahora, es no vivir en una Nicaragua en libertad y democracia.

En contra de Moreno, la sancionada policía sandinista giró una orden de captura tras no presentarse a la citatoria que le hizo la Fiscalía controlada por el dictador Daniel Ortega el pasado 12 de julio, institución de la que han otros aspirantes y políticos y que a pocos metros, luego de entrevistas, son secuestrados y desaparecidos.

Moreno salió de Nicaragua en 25 de julio, mismo día que la sancionada policía sandinista allanó su vivienda, se robaron todo, incluyendo vehículo y alimentos que había en la dispensa.

“El exilio es difícil, el desarraigo obligado es doloroso, es difícil, pero estoy clara y consiente que estoy mejor que los desaparecidos políticos, nadie sabe donde  y como están, logré salvar mi vida e integridad física, la incertidumbre que se vive es que nos alejamos de la familia, se deja una vida que tenias planificada, la parte mas dolorosa es no vivir dentro de Nicaragua en libertad y democracia», dijo.

«Cuando asumí el desafío de ser precandidata presidencial lo hice por apostar por la vía electoral para que no haya muertos ni más presos políticos para resolver la crisis, lo otro es que estaba apostando por el relevo en el liderazgo, la cacería con la que se me persiguió fue una muestra de como este régimen va recrudeciendo para callar e impedir el derecho de elegir y ser electo”, mencionó.

Le recomendamos: Honduras, el paraguas de “Chico” López contra las sanciones de Estados Unidos

Moreno descartó haber trabajado para el FSLN

Tras los señalamientos de una supuesta alianza entre Moreno y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido bajo la bota del dictador Daniel Ortega, la exprecandidata presidencial manifestó que nunca ha trabajado para ellos, que todo fue una campaña de desprestigio en su contra proveniente de los sandinistas.

En 2016 Moreno brindó declaraciones a una televisora nacional para expresar que la candidatura de Rosario Murillo, actual vicedictadora de Nicaragua y mujer de Daniel Ortega, era constitucional, pero se defendió argumentando que en sí, la Constitución Política de Nicaragua no permite que familiares de otros grados de consanguinidad de un político, sean parte del Estado, menos la cónyuge.

“Nunca he trabajado para ningún gobierno de Nicaragua, ni con Alemán, Bolaños u Ortega, no he militado por ningún partido político, si ahora estoy participando es porque estoy convencida de que necesitamos una ciudadanía muy activa para la democratización de Nicaragua, es responsabilidad de los nicaragüenses cambiarlo, el enemigo son los Ortega Murillo, han dedicado imponerse contra todo, están dispuesto a quitar la libertad del pueblo, participé en una reforma penal, durante 10 años trabajé como consultora de la OEA, de la Unión Europea, mi trabajo siempre ha sido técnico legal, trabajé en la Asamblea Nacional como consultora de organismos internacionales”, resaltó.

Puede leer: España llama a consulta a su embajadora en Managua, tras flamígera carta del régimen

Nicaragua es un Estado fallido

También, la abogada constitucionalista expresó que Nicaragua dejó de ser un Estado democrático desde que se reformó la Constitución Política en el año 2011, cuando el régimen de Ortega, al amparo de sus magistrados, diputados, aliados y empresarios privados, aprobó la reelección indefinida del cargo de presidente y vicepresidente y otros puestos.

Para Asunción Moreno, a esto se le suman los delitos de lesa humanidad perpetrados desde 2018 con más agresividad contra la población civil desarmada, el secuestro de cerca de 140 presos políticos, entre los que hay 32 activistas, defensores de derechos humanos, precandidatos presidenciales, empresarios privados, activistas y periodistas, a los que el régimen los acusa de traición a la patria y lavado de dinero.

“Estamos viviendo una dictadura con modelo totalitario, tenemos una población que sufre la represión y violencia, no hay independencia del Estado, un Ejército y Policía que se prestan a reprimir a un pueblo, se trata de una dictadura, realmente la más cruel de Latinoamérica, tenemos más de 31 secuestrados, desaparecidos, nadie los ha visto, tenemos un proceso electoral que es una farsa, no hay opción creíble donde la gente vaya a ejercer su derecho al voto», indicó.

«Todo lo actuado en contra de los presos políticos es un atropello al ordenamiento jurídico nicaragüense, la Ley 1055 no es una Ley Penal, por lo tanto no prevé delitos ni prisión, el régimen considera traición a la patria para inhibir a candidatos, hasta el día de hoy, en ningún caso se ha entendido cual es el delito que diga por qué las personas están secuestradas”, añadió Asunción Moreno.

Por otro lado, agregó que, “este proceso electoral es ilegítimo, no tiene opción para elegir a sus gobernantes, desde el 2011 el régimen tiene una legalidad de origen tras la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, en Nicaragua se han cometido delitos de lesa humanidad, se han convertido en una crisis sociopolítica y de derechos humanos; en la boleta electoral para el siete de noviembre no hay opción, no hay alternativa para el cambio de poder, queremos una verdadera elección libre, justa, transparente, más de 3 millones de nicaragüenses fueron a verificarse, Daniel no supera el millón de votos, más de dos millones iban a votar en contra de él”.

Finalmente Asunción Moreno señaló que, aunque CxL apostó por la vía electoral para sacar al régimen, ahora se logró evidenciar que la dictadura no tenía intenciones de permitir la democratización del país. Moreno lamentó el éxodo de miles de nicaragüenses saliendo de la Nicaragua sin opciones de trabajo y sumida en represión.

Ortega ordenó el despojo de la personería jurídica del extinto partido CxL, tras utilizar al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), un viejo aliado del sandinismo, para pedir al Consejo Supremo Electoral (CSE), que eliminaran a la casilla 15 de la contienda electoral por supuestas violaciones a la Ley 331 o Ley Electoral, pues Kitty Monterrey, presidente de CxL tenía doble nacionalidad, la nicaragüense y la estadounidense.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *