Colonización en el siglo XXI, la maldición para los caribeños de Nicaragua

De acuerdo con defensores de derechos humanos, la presencia de invasores armados ha provocado la colonización en el Caribe de Nicaragua en pleno siglo XXI y adivinen, el régimen de Daniel Ortega, lo fomenta.

La presencia de colonos invasores en tierras indígenas y afrodescendientes en el Caribe de Nicaragua, ha provocado un éxodo masivo de nativos de esta zona del país, provocando la colonización en el pleno siglo XXI.

Según Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlantica de Nicaragua (Cedjudhcan), la presencia de colonos fuertemente armados se ha masificado desde el año 2011, cuando el dictador Daniel Ortega se quedó con la presidencia de Nicaragua por segundo período consecutivo en unas elecciones tachadas de fraudulentas por la comunidad opositora nacional.

Miles de desplazados

Además, esta defensora de derechos humanos denunció que la empresa privada ha apoyado el expansionismo de los colonos que se apropian ilegalmente de tierras vírgenes y luego las ocupan para la ganadería y agricultura, provocando daños al ecosistema, incluso dentro de áreas protegidas como las reservas biológicas que se ubican en todo el territorio caribeño.

“Para nosotros el Estado de Nicaragua ha motivado e incentivado a las empresas privadas y estas concesiones y permisos, que se han dado para la sobre explotación forestal y todo lo que tiene que ver con la extensa ganadería, estas son causas que traen a colonos, las comunidades indigenas han venido perdiendo su territorio, ha provocado el desplazamiento a partir del 2015, donde solo en ese año tuvimos más de 3,000 desplazados”, expresó Cunningham.

De acuerdo con Cunningham, los colonos han expropiado de unas 30,000 hectáreas a las comunidades de la zona, mismas que ahora están ocupadas por personas armadas y afines del régimen sandinista.

Estado está obligado a proteger a comunidades indígenas

Las poblaciones indígenas de Nicaragua están protegidas gracias a la Ley 757 o Ley de Trato Digno y Equitativo a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes,   que ordena al jefe de Estado de turno a brindar protección a estas comunidades.

“El Estado de la República de Nicaragua, velará y garantizará a los Pueblos Indígenas y Afro-descendientes de la Costa Caribe, del Alto Wangki y los Pueblos Indígenas del Centro, Norte y Pacífico de Nicaragua, que cada uno de los sectores, públicos, privados y no gubernamentales, se sujeten a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua, instrumentos internacionales y leyes que cumplan con el Principio de No Discriminación en todas sus formas”, cita la Ley antes mencionada.

Sin embargo, la defensora de los indígenas en el Caribe, asegura que sucede lo contrario, no se fomenta la protección para estas comunidades que también son protegidos por el derecho internacional, haciendo espacio a la “colonización”.

La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su articulo cuarto establece que, “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”. 

En cuanto al derecho a la tierra, la ONU declaró en el párrafo 3 del artículo 26 “que los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. En el artículo 27 se determina que los Estados establecerán y aplicarán procesos por los que se reconozcan y adjudiquen los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos”; no obstante, al día de hoy las autoridades nacionales no se pronuncian al respecto por la invasión de los colonos.

Ortega no respeta autonomía en el Caribe

Según Juan Carlos Ocampo, miembro de la organización Social Pri Laka, el régimen de Daniel Ortega viola la autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua, al crear “autoridades comunitarias paralelas”, apartando a los electos por los indígenas. Los usurpadores son los que supuestamente autorizan la invasión de colonos en tierras indígenas.

“Los colonos ofrecen arrendamientos, pero son ellos los que deciden cuanta área van a agarrar, son ellos los que deciden cuales son los precios de esos arrendamientos y cuando la gente se niegan, entonces empiezan amenazas, hostigamientos y asedios por parte de armados que no deja pasar a los comunitarios”, dijo Ocampo al hablar del proceso de colonización.

Mientras que “por el lado del Estado, está la imposición de autoridades paralelas… muchos de ellos son miembros de los Comités de Liderazgo Sandinista, CLS; quienes buscan mecanismos para hacer que esas personas sean elegidas y son estas las que facilitan ventas clandestinas”, denunció el representante indígena.

Además, Ocampo explicó que además de imponer autoridades paralelas a las electas democráticamente por las comunidades indígenas, el régimen de Ortega pretende ampliar el período de los usurpadores para seguir controlando el territorio.

“El Estado de Nicaragua nunca ha hecho una declaración pública diciendo que las comunidades tienen derecho a sus tierras, por lo tanto van a tutelas y reconocer ese derecho, tampoco ha hecho ninguna incursión para desarmar a esos colonos, no vemos interés de abordar este tema”, añadió el representante del Caribe de Nicaragua.

Comunidades invadidas y muertos

Según los datos recopilados por defensores a los derechos humanos de la zona, existen 270 comunidades indigenas invadidas de un total de 300 que existen en el Caribe de Nicaragua, además se han contabilizado 49 asesinados desde el año 2015 hasta la fecha por la invasión de colonos al amparo del Ejército, que no interviene en el momento de la invasión.

Cunningham aseguró que la omisión del Estado de Nicaragua, hace que las leyes en defensa a los derechos humanos de los pueblos indígenas queden en “papel mojado”, pues no cumplen con las legislaciones nacionales ni con los compromisos a nivel internacional.

“Nos preocupa mucho pues los pueblos indígenas tenemos una estrecha relación con la madre tierra, en ese sentido, (con) las omisiones que viene haciendo el Estado, las comunidades han venido perdiendo su territorio, al perder su territorio, no pueden tener sus actividades de subsistencia ni de relación con la madre tierra perdiendo unas 30,000 hectáreas”, denunció Cunningham.

Paramilitares sandinistas han sido identificados como principales colonos

Juan Carlos Ocampo, denunció que en los operativos de invasión de parte de los colonos, se han identificado a paramilitares que estuvieron involucrados en la “operación limpieza”, contra las barricadas y tranques que habían puesto los nicaragüenses para protegerse de las hordas del sandinismo que a sangre y fuego aplacaron las protestas antigubernamentales, luego de abril de 2018.

“Entre las personas que andaban ,murió un paramilitar de Matagalpa, un paramilitar muy reconocido, es un hecho confirmado, que estuvo reprimiendo en Matagalpa, apareció muerto luego de un enfrentamiento en territorio indígena”, dijo Ocampo a Café con Voz.

También denunció que algunos grupos de colonos al momento de las invasiones muestran entrenamiento, uniforme y armamento militar, quienes portan armas de alto calibre.

“Se comportan como militares, entran a explorar el bosque, a amenazar, a decir que sus tierras van a ser ocupadas”, reveló Ocampo, al detallar como la colonización avanza con complicidad estatal.

Según Cunningham, quien es abogada de profesión, el Estado nicaragüense ha visto con racismo a los indígenas, provocando la colonización en el siglo XXI por intereses de sobre explotación de los recursos naturales.

“Nosotros hemos tenido una larga historia de exclusión social, este gobierno se ha caracterizado de ser represor, de ser exclusivo… nosotros hemos visto que ha incentivado a las empresas transnacionales, casi el 60 % del territorio de Nicaragua están confeccionados con la minería, sin meterte todo lo que tiene que ver con las empresas privadas, la deforestación masiva por la ganadería y no han tenido una voluntad política para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, denunció la activista. dictadura-concluye-busqueda-de-mineros-soterrados

La fundadora de Cejuduhcan, aseguró que existe una crisis humanitaria donde la inseguridad jurídica hace que los caribeños no se sientan confiados ni en su propiedad.

“Demandamos que se concluya el proceso de marcación, hay una crisis humanitaria, hay inseguridad jurídica, alimentaria, sumado a los dos huracanes que devastaron a 54 comunidades, desbarataron todo y no hay de donde sobrevivir”, finalizó la galardonada con el Premio Nobel Alternativo 2020, por su trabajo en defensa de los indígenas y afrodescendientes.

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