Fundación Violeta Barrios no se someterá a Ley Putin y suspende funciones

Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha cesado sus funciones al decidir no someterse a la "Ley Putin"

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, con 20 años de trabajo promoviendo la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, anunció este viernes que no se someterá a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como «Ley Putin» por lo que suspenderán funciones.

Cristiana Chamorro, fundadora de la organización, dijo que “es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no estamos dispuestas a declararnos agentes extranjeros que está asesinando a la sociedad civil»

«No podemos más que unirnos al rechazo nacional a esta normativa que intenta colocarse por encima de los derechos humanos y acuerdos internacionales de defensa de derechos humanos. Es una monstruosidad del sistema convertida en ley”, añadió Chamorro.

Vencido el plazo que dio el régimen

Hoy se vence el plazo que la dictadura ha dado a través del Ministerio de Gobernación, para que decenas de organizaciones civiles se presenten a esa institución para cumplir con los requerimientos de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. De lo contrario, se les impondrá una multa de medio millón de dólares y podrían tener acusaciones legales.

Anelisa Martínez, Directora de Programas y Proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, resumió que la asamblea de miembros y el consejo directivo del organismo, decidió no “someterse a la ley de agentes extranjero y suspenderá sus funciones”.

“Esta es una acción inconstitucional e improcedente. Se trata de una clara manipulación para paralizar organismos en evidente violación de derechos humanos”, dijo Martínez.

Esto ha causado incertidumbre y preocupación por las implicaciones legales que podría tener para organismos que denuncian las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que desde abril de 2018 ha dejado más de 400 muertos y cientos de personas detenidas bajo procesos judiciales ilegales.

Ayer el PEN Nicaragua, que aglutina a periodistas y escritores nicaragüenses, anunció su cierre de operaciones en nuestro país debido a la recién aprobada Ley.  La escritora Gioconda Belli, como presidenta del PEN Nicaragua, afirmó en una carta publicada en las redes sociales que “se suspende indefinidamente” el trabajo de la organización debido a las “constantes violaciones a la libertad de expresión”.

También Ética y Transparencia rechazó aberración

El grupo Ética y Transparencia (EyT) rechazó la Ley de Agentes Extranjeros porque “lesiona de forma directa los derechos y libertades fundamentales de todos los nicaragüenses y atenta contra el desarrollo económico del país”.

Cierra el PEN Nicaragua por “Ley Putin”

Explicaron que ellos no son objeto de dicha ley, pues desde la entrada en vigencia ese organismo “decidió que hará sus labores usando exclusivamente donaciones de personas nacionales”.

Afirmaron que no aceptarán cooperación financiera internacional y que para la observación de las elecciones generales de noviembre próximo, ya cuentan con al menos 15 mil dólares procedentes de personas nacionales.

Denunció que al igual que otras ONGs, el Estado “ha incumplido en emitir siquiera el sello de recibo de los últimos tres años” del cumplimiento de los requisitos presentado a las autoridades para cumplir con la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro.

Cpdh denuncia trabas para inscribirse

Mientras tanto la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que continúan sus labores normales a pesar de las presiones de la dictadura. Dijeron que  la “CPDH utilizará todos los recursos legales y formales para que se nos respete el derecho de asociación y el respeto a defender derechos. Estamos informando a los organismos internacionales de derechos humanos de todas y cada una de las gestiones que estamos realizando”.

Afirmaron que han documentado “todas las limitaciones que al ejercicio de nuestros derechos han venido imponiendo las instituciones del Estado entre la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario y el mismo Ministerio de Gobernación».

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