En un recuento oficial de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización que elaboró un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, destacan el secuestro de 120 presos políticos, 943 ataques contra la prensa independiente, 2,867 personas muertas por la pandemia del Covid-19 50 ataques contra la Iglesia Católica y la aprobación de leyes represoras como nueva medida de hostigamiento.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), presentó el monitoreo de las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua al cierre de 2020, en el que destacan los atropellos provocados por la dictadura sandinista en contra de la población nicaragüense que protesta en contra de las políticas de represión, hostigamiento y también por el mal manejo del Covid-19 en el país.
Según la UNAB, Nicaragua vive bajo un estado policial de facto, violaciones diarias a los derechos humanos y de falta total de libertades civiles, de organización y movilización, que amenazan cada día la vida e integridad física de la población.
En el documento emitido este viernes por la UNAB, reveló que en Nicaragua actualmente existen 120 personas presas políticas, entre las cuales, 110 fueron detenidos en el contexto de las protestas de las protestas de abril de 2018, 10 detenidos antes de esa fecha. De igual forma indica que 64 de esas personas fueron secuestradas por la sancionada policía sandinista en 2020, así mismo, el informe revela que 31 personas fueron recapturadas y se encuentran en el Sistema Penitenciario “La Modelo”.
Femicidios aumentaron en 2020
Tal y como lo denunció la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir, durante el 2020 se reportaron 71 femicidios, esa misma cifra la reporta el documento emitido por la UNAB. Pero esta también denunció que en la mayoría de los casos, la sancionada policía sandinista no hizo nada con respecto a los asesinatos en contra de las mujeres.
No obstante, cada semana, la dictadura de Daniel Ortega hace alarde de la creación e inauguración de más comisarías de la mujer para “atender la violencia contra las mujeres” no obstante, algunas organizaciones feministas resaltan que lo que hace el régimen es solo presentar nuevas instalaciones de fachadas, pero no se le brinda una atención integral a las víctimas.
2020 año negro para el periodismo independiente y la Iglesia Católica en Nicaragua
El mismo informe de la UNAB revela que durante el año 2020 se perpetraron más de 943 ataques contra el periodismo independiente de Nicaragua, siendo este otro año en el que el asedio, persecución, judicialización y hostigamiento en contra de los mujeres y hombres de prensa aumenta.
“Las intimidaciones, las amenazas, las judicializaciones ilegales, los robos de equipos, los registros sin orden judicial y las retenciones arbitrarias se han convertido en asuntos cotidianos para las y los periodistas independientes. Todo apunta a que se agudice el nivel represivo en 2021. Medios como Confidencial y 100% Noticias cumplieron recientemente dos años de haber sido ilegalmente confiscados”, dice el informe.
En cuanto a los ataques contra la Iglesia Católica, el informe destaca más de 50 ataques. Entre los atentados hay profanaciones y amenazas de muerte contra sacerdotes críticos al régimen.
“En un claro repudio a la Iglesia Católica y la libertad religiosa, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo usan retóricas de odio que incitan a sus fanáticos partidarios al acoso, la intimidación y los ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. El último hecho de gravedad fue el atentado terrorista que provocó el incendio en la capilla de la Sangre de Cristo, en la Catedral de Managua”, agrega.
Covid-19 y la negligencia del régimen sandinista en Nicaragua
En otro aspecto, la negligencia del régimen sandinista también ha sido notoria en el sistema de salud deficiente en el país, el monitoreo de violacion de derechos humanos de la UNAB reporta que solo el año pasado más de 2,867 personas murieron por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, a mitad de marzo, en el país. Esas cifras discrepan con las brindadas por las autoridades sanitarias nicaragüenses que solo registran 165 en total, ocultando las cifras reales, pese que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que se revelen los datos verdaderos para medir el impacto en la población del país.
“Esto constituye una violación a los derechos humanos y un irrespeto a las familias que sufren por sus deudos. Por el contrario, el régimen promueve actividades masivas y públicas que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS y la OPS”, expresa el informe.
Pero en esa gran cantidad de muerte no solo perfilan ciudadanos comunes, sino personal médico que estuvo en la primera línea de combate contra la pandemia del nuevo coronavirus. Este documento revela que el año pasado se dieron 112 muertes en el personal de salud y 52 en el personal docente por Covid-19.
“Pese a que el personal médico se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia, la dictadura impidió y prohibió durante varios meses que se protegieran incluso con mascarillas. Tampoco suspendió las clases presenciales en las escuelas y colegios, con todos los riesgos que ello implica. Ni el Minsa ni el Mined han revelado cifras oficiales sobre doctores y profesores, respectivamente, muertos por el virus” dice la UNAB.
Leyes represivas y partidización del Poder Judicial contra la población opositora
El informe de las violaciones a los derechos humanos durante 2020 en Nicaragua también recopila información sobre el uso de los Poderes del Estado por parte del dictador Daniel Ortega para arremeter contra la población que todavía mantiene la protesta cívica en contra del régimen totalitario.
Según el recuento anual de la UNAB, el régimen usa nuevas leyes para operar una modalidad de ataques en contra de la oposición nicaragüense utilizando la aplanadora de diputados sandinistas dentro del parlamento controlado por Ortega y Murillo para aprobar nuevas normativas como la “Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros”, la instauración de condena de Cadena Perpetua y la “Ley especial de Ciberdelitos”; leyes que violan los derechos constitucionales de los nicaragüenses, denuncia el documento.
Así mismo, documenta la aprobación y puesta en vigencia de la nueva “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, una ley que “además de ser violatoria a los derechos constitucionales, anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre de 2021”, agrega el informe.
El movimiento opositor denunció que el régimen ha usado al Poder judicial para realizar juicios viciados contra los presos y presas políticas de Nicaragua.
“Sin importar la pandemia, ni el paso de catástrofes naturales ni las festividades características de cada mes. Esto atenta contra la ley y violenta los derechos a los ilegalmente enjuiciados. Hasta hoy, de los 120 presos políticos, 25 enfrentan procesos judiciales y 95 ya cuentan con una sentencia condenatoria”, resalta.
Dentro del documento también se añadió el recuento de asedio por parte de efectivos de la sancionada policía sandinista y paramilitares aliados al régimen de Daniel Ortega en contra de líderes emergentes de oposición.
“52 líderes de la Unidad Nacional asediados y perseguidos. A lo largo del país, durante estos 12 meses, medio centenar de líderes nacionales y territoriales de la Unidad Nacional fueron perseguidos, asediados, golpeados, requisados, robados, detenidos. Hasta la fecha mantiene encerrados arbitrariamente y en sus propios domicilios a varios de nuestros líderes”, cita el texto.
Campesinos e indígenas fueron asesinados por paramilitares y colonos
La Unidad Nacional Azul y Blanco, una de las facciones de oposición con mayor fuerza en Nicaragua y que surgió luego del inicio de las protestas antigubernamentales de abril de 2018 en el país revela que, las ejecuciones extrajudiciales en el campo y territorios indígenas han aumentado.
“Aunque no es posible señalar datos concretos por las dificultades obvias en este caso, las ejecuciones extrajudiciales en el campo nicaragüense o en los bordes fronterizos con Honduras y Costa Rica, no solo se han mantenido, sino que han aumentado. Los crímenes siguen sin esclarecerse, así como también quiénes son los implicados en estos asesinatos atroces, que han empujado a decenas de las familias a huir y dejar sus casas por el asedio constante que sufren por parte de la Policía, el Ejército o los paramilitares” resalta el informe.
Así mismo, se agregó el abandono estatal a las comunidades en el Caribe de Nicaragua, mismo que se evidenció tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que dejaron a centenares de familias damnificadas.
Según la UNAB, “el régimen, que no brindó una respuesta efectiva ante el desastre, también evitó que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil enviara ayuda humanitaria. Una vez más criminali-zó la solidaridad. Asimismo, se encargó de realizar proselitismo político con las donaciones enviadas por organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La ayuda solo fue entregada a personas afines al Frente Sandinista, cometiendo un acto inhumano en un momento de extrema necesidad para todas las personas, sin distingo político, en las comunidades más afectadas del Caribe”