La SIP está preocupada por el fallo judicial contra el Canal 12

SIP

Miami, 2 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la decisión judicial que obliga al Canal 12 a cancelar una deuda de 600,000 dólares en un lapso de 10 días, lo que «podría derivar en el cierre definitivo de otro medio de comunicación independiente» en ese país.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, lamentó «las continuas acciones del Gobierno de Daniel Ortega que amenazan los pocos espacios democráticos que aún sobreviven en el país» al exponer lo sucedido con el Canal 12.

El 11 de septiembre la Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó decomisar los bienes de Canal 12 —cuatro propiedades— y de su propietario con el argumento de debía 21 millones de córdobas (unos 608,000 dólares) en impuestos a la renta de 2011 y 2012.

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El reclamo original era por 262,000 dólares, aunque un Tribunal Administrativo había bajado la deuda impositiva a 24,000 dólares.

Ocho años después, la DGI recurrió a la Sala Constitucional para anular el fallo y con la aplicación de multas e intereses aumentó considerablemente la deuda.

Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston (Jamaica) reiteró que «vemos como el autoritarismo del Poder Ejecutivo ha secuestrado los demás poderes del Estado con el objetivo de acabar con el debido proceso y el Estado de derecho».

«Esperamos que los organismos intergubernamentales y la comunidad internacional puedan salir al rescate de las libertades de prensa y expresión, herramientas esenciales para sostener lo poco que queda de democracia en el país».

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, hizo referencia a las denuncias internacionales rechazando un proyecto de ley en Nicaragua sobre «Regulación de Agentes Extranjeros» que fue presentado a la Asamblea Nacional el 22 de septiembre.

Esta ley exigiría a toda persona y entidad a registrarse como «agente extranjero» y a tener que declarar cualquier donación recibida desde el exterior en el pasado.

«Es una ley que tiene nombre y apellido, que busca cerrar los fondos internacionales a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación que están operando gracias a donaciones que permiten a sus destinatarios denunciar y fiscalizar medidas autoritarias contrarias a los principios internacionales y democráticos», dijo Rock, director del portal La Silla Rota, de México.

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Las autoridades de la SIP también llamaron la atención sobre otro proyecto de ley que afectará las libertades de prensa y expresión, que apunta decididamente contra los medios de comunicación y la conversación ciudadana a través de las redes sociales.

Diputados sandinistas presentaron el proyecto de «Ley Especial de Ciberdelitos» con el que el gobierno podría sancionar con cárcel, entre dos y cuatro años, a «quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector…».

«Nicaragua es uno de los países menos democráticos de las Américas y esta decisión judicial y los controversiales proyectos de ley no hace más que confirmar esta lamentable realidad», concluyeron Barnes y Rock.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental y con sede en Miami (Estados Unidos).

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