La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Nicaragua el ejercicio del periodismo es criminalizado por el régimen de Daniel Ortega. En su informe, dado a conocer hoy, y que fue presentado en la reunión de medio año de la SIP, se detalló las series de violaciones a las libertades de expresión, prensa y de asociación, así como que varios medios independientes siguen confiscados desde 2018.
«El régimen de Daniel Ortega continúa asediando y persiguiendo a los periodistas independientes en Nicaragua, y permanecen cerrados medios confiscados desde 2018. A fines de 2020 fueron aprobadas tres leyes que coartan la libertad de asociación y el financiamiento de organizaciones y medios independientes; y criminalizan el trabajo periodístico a través de las redes sociales e internet, con penas de dos a cuatro años de cárcel», denunció la SIP que calificó de grave el deterioro del periodismo en Nicaragua.
En su informe sobre la situación del país, la Sociedad Interamericana de Prensa, indica que hasta inicios de abril del 2021, ha documentado 53 violaciones a la libertad de prensa, 39 contra personas naturales.
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«Se denunció el asedio contra la periodista y jefa de Prensa de la radio La Costeñísima, Kalúa Yakari Salazar, condenada por el supuesto delito de «calumnia», en perjuicio de tres ex trabajadores de la Alcaldía de El Rama en la costa sur del Caribe de Nicaragua. También se denunció el asedio al director de Radio Darío, Anibal Toruño, y al periodista David Quintana, de Boletín Ecológico, condenado por injurias y calumnias», precisa la SIP para ejemplificar la criminalización del régimen de Ortega y su vicepresidenta y consorte, Rosario Murillo, por intentar silenciar a los periodistas y medios de comunicación independientes.
Además, la situación del estado de sitio persiste en todo el país, «no permitiéndose reuniones de tres personas en público».
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«La Policía, el brazo represor del régimen que en muchas ocasiones se apoya en parapolicías para reprimir, tiene como principal tarea vigilar y asediar a opositores y a periodistas independientes. No permiten que un ciudadano pueda portar la bandera nacional, lo que se ha vuelto un símbolo de la rebelión cívica, auto convocada y pacífica. En estos eventos los periodistas son atacados, sus equipos robados y los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir», describe el informe sobre el sometimiento criminal al que está sometida la población nicaragüense .