La dictadura sandinista ordenó suspender los títulos y el ejercicio como abogados y notarios públicos a 25 juristas nicaragüenses, a quienes la dictadura expulsó el 9 de febrero y a otros del grupo de los 94 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad.
“En este caso para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la Sociedad nicaragüense, perjudicando el interés Supremo de la nación se ordenó la deportación inmediata de doscientas veintidós personas, entre ellas quince abogados y notarios públicos”, destaca.
En las dos resoluciones, la dictadura reiteró el discurso de que los desterrados son “traidores a la patria” ya que “menoscabaron la soberanía”.
“Las doscientas veintidós personas deportadas cometieron actos que menoscabaron la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo; incitaron a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además, lesionaron los intereses supremos de la nación”, señala la resolución firmada por Rubén Montenegro Espinoza, secretario de la Corte Suprema de Justicia.
Además establece que, aunque todos se encuentran fuera de Nicaragua, los afectados deben presentar los títulos, sellos y carnés de abogados.
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“Se les previene a las personas antes descritas que deberán enviar a Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hicieren, los títulos de abogados y notarios públicos, los protocolos respectivos, el sello y el carné de abogado y notario público”, señala.
Estos son los abogados nicaragüenses despojados de su título:
Los suspendidos son: El abogado y defensor de derechos humanos, Uriel de Jesús Pineda Quinteros, el escritor Sergio Ramírez Mercado, el exmagistrado sandinista Rafael Enrique Solís Cerda, la activista Mónica Augusta López Baltodano, el dirigente de Unamos, Héctor Ernesto Mairena, el defensor de derechos humanos Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, el exdiputado liberal Eliseo Fabio Núñez Morales, el bloguero Manuel Jacinto Diaz Morales, y los defensores de derechos humanos Álvaro Leiva Sánchez y Vilma Núñez Ruiz de Escorcia.
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Además, en la segunda resolución se incluyen el exsacerdote Edgard Francisco Parrales Castillo, el exdiputado liberal José Bernard Pallais Arana, el excandidato presidencial Noel José Vidaurre Arguello, el exvocero de la Corte Suprema de Justicia Roberto Emilio Larios Meléndez, José Noel Talavera Arauz, Hugo Ramon Rodríguez Flores, el sandinista Marlon Gerardo Sáenz Cruz, la activista Ana Margarita Vigil Gurdián, la defensora María del Socorro Oviedo Delgado.
Además se incluyen a: Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Moisés Abraham Astorga Sáenz, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, Roger Abel Reyes Barrera, Hader Humberto González Zeledón y María José Camacho Chevez.
El pasado 9 de mayo, la dictadura sandinista, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suspendió la licencia profesional de forma definitiva a ala abogada de secuestrados políticos, Yonarqui Martínez como abogada y notaria pública.
La decisión del régimen fue notificada este miércoles 9 de mayo a través de una circular de la CSJ —publicada en redes por el medio Divergentes— que afirma que con instrucciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial resuelven ha lugar a los informativos seguidos en contra de la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García en calidad de abogada y notaria pública.
“Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia”, señala la circular.