La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la farsa de elecciones municipales para este 6 de noviembre, en las que la dictadura se asignará una mayor cantidad de alcaldías.
la CIDH señala en un comunicado que el próximo 6 de noviembre, se celebrarán elecciones municipales en Nicaragua para la renovación de más de 6 mil cargos públicos, entre ellos, alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales, en los 153 municipios del país, en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales.
“Al respecto, en semanas recientes, la Comisión constató el recrudecimiento de la represión y persecución contra opositoras políticas, entre ellas, integrantes del partido del político Unión Democrática Renovadora (UNAMOS)”, señala la CIDH.
El organismo recibió información sobre la detención arbitraria, de Raúl Oporta, líder de UNAMOS en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de UNAMOS y exiliado, ocurridos el 4 de septiembre pasado. Asimismo, se registraron al menos diez secuestros de integrantes de UNAMOS y sus familiares en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos.
La CIDH señala a la Policía Sandinista y a operadores del Frente Sandinista de sustituir de facto a las autoridades de cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad -cuya personería jurídica fue cancelada en 2021-, luego de allanar las sedes el pasado 3 y 4 de julio.
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CIDH anota “campaña electoral express”
La CIDH detalla que recibió información sobre la reforma a la Ley Electoral, nro. 331 que fue aprobada en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional que limitaría la fiscalización por parte de la sociedad civil al proceso electoral, al establecer un proceso electoral exprés -con menos juntas receptoras de votos, la realización de la campaña electoral en 20 días y la integración de los Consejos Electorales en cinco días.
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“Lo anterior se sigue registrando en un contexto de cierre y cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua. En particular, por las restricciones arbitrarias contra la libertad de expresión y de asociación, tales como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro de la República de Nicaragua y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil”, expone.
La CIDH lamentó la falta de condiciones mínimas necesarias para la realización de elecciones libres, justas y competitivas, la comprobada ausencia de un sistema electoral independiente y la continuación de violaciones a los derechos humanos en contra de las personas identificadas como opositora.
“El Estado debe garantizar la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho; así como, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras”, concluye.