El Consejo de la Unión Europea prorrogó la imposición de medidas restrictivas selectivas a 21 personas y tres entidades de la dictadura sandinista, hasta el 15 de octubre de 2023, informó una fuente oficial.
El Consejo de la Unión Europea, indicó por medio de un comunicado, que la decisión es otra respuesta al rompimiento de relaciones diplomáticas con Países Bajos y la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt.
La Unión Europea advirtió a finales de septiembre que respondería “de forma proporcionada” a la expulsión de Muscheidt de Nicaragua.
El 11 de octubre la UE declaró «persona non grata» a la jefa de la Misión de la dictadura ante la UE, Zoila Müller, en una primera respuesta a la expulsión de Muscheidt. No obstante, Müller Goff, no será expulsada de Europa, debido a que todavía es embajadora del régimen ante Bélgica, donde se acreditó desde junio pasado.
Los designados por la UE, están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
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“Esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país al Jefe de la Delegación de la UE, y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar al Jefe de la Misión de la República de Nicaragua a la UE como persona non grata”, señala el Consejo en una nota de prensa.
La Unión Europea reafirmó su disposición de participar en una solución a la crisis nicaragüense a través de un diálogo respetuoso.
“La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición. La UE permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa”, señala.
Antecedentes y próximos pasos
La Unión Europea resaltó que el régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, luego de que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación en el país.
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El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas. Apuntaron a personas y entidades responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el estado de derecho en el país.
El pasado 10 de enero, día en que el dictador inició a usurpar el poder, la Unión Europea impuso sanciones a siete funcionarios y tres entidades gubernamentales debido a su participación en la grave situación de violaciones de derechos humanos a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Trece días después, diez países candidatos a formar parte de la Unión Europea, adoptaron las sanciones implementadas por el Consejo de la Unión Europea contra empleados de la dictadura y tres instituciones estatales nicaragüenses.
Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldavia y Georgia se sumaron a las sanciones de la Unión Europea.
Los sancionados son: los hermanos Camila y Laureano Ortega, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como sobre Nahima Díaz, hija del jede de la Policía Francisco Díaz; y del titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro.