El gobierno de Suiza sancionó a siete empleados de la dictadura de Daniel Ortega y tres instituciones, incluyendo a la Policía Sandinista, al Consejo Supremo Electoral y al Instituto Nicaraguense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor.
Las sanciones de Suiza, país que no suele implementar sanciones, se impusieron once días después que la Unión Europea sancionara a los mismos funcionarios. Hasta el momento, Suiza ha aplicado sanciones a 21 funcionarios y tres entidades, prohibiendoles viajar o transitar en el país y colocar fondos en su sistema financiero.
Los sancionados son: Camila Ortega Murilo, Laureano Ortega, Nahima Díaz (hija de Francisco Díaz, jefe de la Policía), Brenda Rocha, Cairo Amador, lumberto Campbell, Luis Ángel Montenegro, Policía Sandinista, Consejo Supremo Electoral y Telcor.
Estos son los señalamientos a funcionarios:
Camila Antonia Ortega Murillo: hija de la pareja dictatorial, es señalada de ser la asistente personal de la vicedictadora Rosario Murillo. Es también directora del Canal 13 de televisión y coordinadora de la Comisión Nacional de la Economía Creativa.
“Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las fraudulentas elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, creando cuentas falsas en diferentes plataformas de medios sociales”, señala la Secretaría de Estado de Economía (SECO), de Suiza.
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También es señalada de difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica, mientras restringe la pluralidad editorial y la persecución de periodistas y medios de comunicación independientes, eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral real.
Laureano Facundo Ortega Murillo, señalado de colaborar en el encarcelamiento de líderes políticos y empresariales.
“Además, es responsable del funcionamiento de BanCorp, una entidad cuyo objetivo principal es ayudar, patrocinar y apoyar financieramente las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo”, señala SECO.
Brenda Rocha, titular del Consejo Supremo Electoral, CSE, señalada de avalar y organizar la farsa electoral del pasado 7 de noviembre.
“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. Por tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, señaló Suiza.
Nahima Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Telcor), es señalada de silenciar a medios de comunicación independientes desde 2018.
“Durante la campaña de las elecciones generales de 2021, Telcor estuvo implementando campañas de desinformación a gran escala”, asegura Suiza
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“En su cargo, Nahima Díaz Flores ha actuado como partidaria del régimen de Ortega, y ha comandado y operado acciones de desinformación y vigilancia a través de Telcor sobre la sociedad civil y la oposición democrática. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia en Nicaragua”, añade.
Luis Ángel Montenegro, es titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF).
“Fue nombrado para ese cargo directamente por Daniel Ortega, como premio a su lealtad. En su anterior función como Contralor General de la República se encargó de que las actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega”, asegura Suiza.
Estas son las entidades sancionadas:
La Policía Sandinista, que ya fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, es señalada por Suiza de ser responsable del trato degradante incluida la tortura física y psicológica, de quienes se oponen al régimen de Ortega.
“Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes sin ninguna garantía legal y democrática. La Policía Nacional fue fundamental para que Daniel Ortega no se enfrentara a ninguna oposición democrática real durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021”, señala.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. El CSE es, por tanto, responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, señala Suiza.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), es utilizado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidas tres organizaciones de noticias durante la represión de 2018 y después de las elecciones generales de 2021.
“Durante la campaña de las elecciones generales, Telcor estuvo implementando una campaña de desinformación a gran escala. Como institución encargada de la aplicación de la Ley de Ciberdelitos, Telcor ha estado comandando y operando acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática”, concluyen.