El secuestro de más de 35 opositores de parte del régimen de Daniel Ortega sumado a la encarcelación de más de 140 reos políticos, es delito por el que se debe responder, el régimen tiene que inventar delitos para mantenerlos presos y evitar un nuevo levantamiento social.
Los jueces, fiscales, policías sandinistas y toda la cadena de impunidad promovida desde el régimen de Daniel Ortega, entre los que incluyen al Ejército y la sancionada policía sandinista; que han servido para juzgar a opositores, quienes han sido secuestrados en los últimos meses, podrían pagar por cometer delitos de lesa humanidad, analizó el máster en derechos humanos Uriel Pineda.
Para este académico nicaragüense radicado en México, cada juicio, audiencia y delito que le han imputado a los más de 140 presos políticos y en especial, a los más de 35 recientemente secuestrados desde mayo de este año y a los que el régimen de Ortega les ha calificado de traidores de la patria y lavadores de dinero, carece de legalidad, pues han violentado el debido proceso para que una persona sea puesta a la orden de la justicia.
Según este jurista, la Ley 1055, usada para secuestrar a los precandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas políticos y disidentes, no establece una pena carcelaria para mantener a una persona tras las rejas.
Por ello, el experto considera que, el régimen de Ortega ha creado una serie de reformas al código penal para mantener presos a los opositores que le causan estorbo en su proyecto político inviable.
“A los detenidos se les ha negado el derecho de la defensa, hay una sustracción de los mecanismos legales de protección, no han sido presentados, el régimen ha cometido una desaparición forzada de personas hasta que se mantenga el ocultamiento de estas personas, no cambia nada aunque hayan imputado delitos», dijo Pineda.
«El cambio de acusación, desde la Ley 1055 es (porque es) una Ley mal elaborada, porque no establece sanciones, en circunstancias normales, es posible que se de una reclasificación (del delito), pero (ahora) hay un estado de indefensión, hay estigmatización de estas personas, ahora el andamiaje político está diseñado para perseguir a opositores”, añadió el experto.
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Justicia obedece órdenes de Ortega
Organismos nacionales e internacionales han criticado la falta de independencia en los Poderes del Estado de Nicaragua y han denunciado que todos obedecen a un andamiaje de represión y de favoritismo para el régimen de Ortega.
Durante el 2018, el Poder Judicial se plegó a la orden de Ortega del “vamos con todo” al sumarse a la maquinaria que se utilizaría para violentar los derechos humanos de más de 1,000 ciudadanos que fueron convertidos en presos políticos, además, no impartió justicia en contra de paramilitares, policías y de Ortega como jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país, tras el asesinato de más de 325 protestantes.
Al contrario, avaló una polémica Ley de Amnistía para absolver de delitos a opositores, pero que su fin era limpiar de pecado a los armados adeptos a la dictadura sandinista.
Informes como el del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigaron los hechos ocurridos desde 2018 en Nicaragua, tras el asesinato de 325 civiles, determinaron que en este país, el Estado cometió delito de lesa humanidad, y que el régimen utilizó al Poder Judicial para imputar delitos a opositores que protestaban en su contra.
“El Poder Judicial trata de simular una legalidad de las detenciones, el proceso es nulo, los tentáculos del Poder Judicial son un aparato represor del régimen Ortega-Murillo, no hay independencia judicial en el país, todo el resultado que haya de esto, estamos en presencia de crímenes de lesa humanidad», dijo Pineda.
«Están mezclando -explicó- temas de fraudes a un tema de funcionamiento de organizaciones de sociedad civil, eso no tiene lugar, eso es cualquier “chamarrazo” para tratar de sustentar esto, hacen uso de los 90 días de la recién reforma a Código Procesal Penal, para mantener presos a los opositores, luego crear acusaciones sin sentido”.
Y ante e vencimiento del plazo de 90 días que Ortega creó con la reforma al Código Procesal Penal para investigar a una persona de 48 horas a 90 días, ahora la dictadura sandinista cambió la acusación a los opositores y les acusa de “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Para este experto en materia de derechos humanos, la cadena de represión le ha dado facultad al Ministerio Público para imponer y “montar delitos” a los disidentes, dejando evidencia que esa entidad también obedece las ordenes del régimen, por su incapacidad de negarse a violentar el debido proceso de acusación.
“La misma medida represiva del régimen (Ley 1055) dejó de ser eficaz y se vio obligado a montar un juicio político sin sentido, no existe un acceso a las gestiones judiciales, al proceso, eso ha impactado el derecho a la defensa de las personas, desde el momento en que hay vídeos difamando a organizaciones y a opositores, ahí se está violentando la presunción de inocencia», indicó Pineda.
«Hay derecho que te represente un abogado y a presentar documentación para contratar la información del Ministerio Público, pero no se cumple… el Ministerio Público no debería de tener facultar para investigar, eso le corresponde a la Policía, en la practica encontramos una subordinación del Ministerio Público a la Policía y este al régimen Ortega-Murillo, no hay precedente de que la policía diga algo y la fiscalía lo niegue, están dirigidos por exfuncionarios policiales, es articulación de actores, comparsa que cumplen los deseos del régimen”, profundizó.
“Independientemente que el trabajo de un juez imponga una pena, él sabe que es una decisión política en contra de opositores, están siendo parte de delitos de lesa humanidad, no solo los jueces, sino la policía, son actores y participes, en un mecanismo de justicia transnacional, estas personas que se han prestado a esto, puede tener responsabilidad y los crímenes de lesa humanidad son penados entre 10 y 20 años”, agregó.
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Comunidad internacional seguirá apuntando a Ortega y sus súbditos
Las recientes sanciones impuestas por la comunidad internacional, por las graves violaciones a los derecho humanos de los nicaragüenses de parte del dictador Daniel Ortega, son muestra de que nadie cree en el discurso que vende el régimen de un supuesto intento de golpe de Estado fallido, dijo el entrevistado.
Para Pineda, las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y ahora las de Suiza, le dan un fuerte golpe a la dictadura sandinista.
“Las sanciones contra Ortega de parte de Suiza, es un parte agua en el mundo, porque ellos nunca se han metido en guerras, en cosas que atenten contra su neutralidad; o participan en la ONU, ni en la Unión Europea, pero a pesar de lo que ocurre en Nicaragua, deciden romper su neutralidad y catalogar las acciones en Nicaragua como graves violaciones a derechos humanos, esa tradición humanitaria y de neutralidad, lo rompe ante violaciones de derechos humanos en Nicaragua, la agencia de Cooperación Suiza fue expulsada por el régimen por represalias, ellos reaccionan ante eso”, argumentó.
Asimismo, Pineda no descarta que otros aliados de Estados Unidos se sumen a sancionar a los funcionarios de la dictadura de Ortega, pero también sostiene que habrán más represalias contra opositores como una venganza por las amonestaciones que les limitan económicamente.
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Presión de nicas en el exilio y apoyo de empresarios pueden debilitar a Ortega
Al concluir, este catedrático en materia de defensa de derechos humanos, sostuvo que, aunque el régimen de Ortega y Murillo aparentan que no les afecta lo que la comunidad internacional, piensa de los delitos que han cometido, la misma presión ejercida por medio de las sanciones lo pueden hacer querer negociar su salida.
Aunque reconoció que el dictador nicaragüense no puede vivir sin el Poder, pues de lo contrario, se estaría exponiendo a la justicia internacional y a la justicia de Nicaragua, cuando se recupere el Estado de derecho en el país.
“Al régimen de Ortega si le importa lo que opina la comunidad internacional, no asiste a las audiencias de la Corte IDH porque no hay justificación aceptable, es más fácil decir que Nicaragua no llega en vez de que Nicaragua miente… el régimen está tratando sobrevivir con lo que pueda, dentro de Nicaragua el accionar es muy poco; el accionar contra Ortega se debe de dar desde el exilio, Ortega va a morir matando, no va a salir del poder hasta que se vea obligado del poder; Ortega se mantiene en el poder para no exponerse a la justicia, la oposición debe apuntalar a la presión internacional y al debilitamiento del régimen, si el Ejército no es participe del fin de la dictadura, el ejército muere con la dictadura”, señaló.
También, dijo que la empresa privada tiene un papel fundamental para el restablecimiento de la democracia en el país, pero resaltó que los dueños del gran capital están amenazados y con miedo a perder su patrimonio que lograron gracias al amorío que mantenían hasta abril de 2018.
“Hay actores que le hicieron un profundo daño a Nicaragua con el pacto, ese esquema se ha roto, pero hay temor desde el sector privado, el sector empresariado debe apoyar mas a la oposición desde la perspectiva económica para salir de la dictadura, el régimen se va contra las agencias de cooperación para evitar que hayan agendas contra la dictadura, el sector empresarial debería de apoyar, aunque sé que no se pueda eso”, finalizó.