Familiares de secuestrados políticos pide “prueba de vida” ante Corte IDH y dictadura se ausenta

La dictadura de Daniel Ortega no delegó a nadie para participar en la audiencia pública que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el incumplimiento de las medidas provisionales a favor de los secuestrados políticos opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri.

“Volvemos a lamentar la ausencia del Estado de Nicaragua porque la gravedad de la situación hubiera ameritado que pudiésemos oírlos”, expresó Elizabeth Odio, presidenta de la Corte IDH.

En la audiencia participaron familiares de los beneficiarios de medidas provisionales, así como los organismos Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca más y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La doctora Vilma Núñez, representante del Cenid, explicó que pese al pedido de libertad inmediata de la Corte, los cinco detenidos “permanecen desaparecidos”. Leer Amnistía Internacional denuncia “desaparición forzada” de opositores en Nicaragua

A la vez denunció la desaparición forzada de los beneficiarios quienes el pasado 24 de agosto fueron acusados por supuestos delitos de conspiración, sin que sus abogados acreditados pudieran intervenir en la audiencia que se realizó de forma secreta.

“En un evidente desafío a la resolución de esta Corte, frente a la inminencia de esta audiencia acusado a los beneficiarios de esta medida por el supuesto delito de conspiración, decretándoles prisión preventiva prolongando la privación arbitraria de su libertad. Honorable Corte, el Estado continúa sin informar de manera oficial el paradero de las y los beneficiarios ocultando las condiciones en que se encuentran, sin comunicación continúa impidiendo que se han vistos por sus seres queridos y representantes legales impidiendo el ejercicio de los recursos legales y garantías procesales, por ello, los representantes sostenemos que estamos frente a una forma de desaparición forzada” dijo Núñez.

“La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y situación de las personas beneficiarias, así como aportar pruebas que respalden sus inexactas afirmaciones”, añadió.

Núñez recordó que en Nicaragua los jueces actúan sin independencia alguna, aplicando discrecionalmente leyes que contienen términos ambiguos. En junio, la Corte IDH ordenó al Estado de Nicaragua liberar a los secuestrados políticos detenidos, sin embargo, Ortega desacató la resolución.

Berta Valle pide “prueba de vida” de los secuestrados

Berta Valle, esposa del precandidato Félix Maradiaga, solicitó a la Corte IDH “pruebas de vida” de los opositores detenidos debido a que han transcurrido 80 días desde que fueron secuestrados por la sancionada policía sandinista. 

“El Estado de Nicaragua trata con indiferencia las medidas provisionales dictadas por esta Corte para proteger la seguridad y bienestar de mi marido Félix Maradiaga (…) con intención de mantenerlo incomunicado y desaparecido indefinidamente. Hago un llamado a la comunidad internacional para que exija la liberación de mi esposo, por mi esfuerzo el régimen de Ortega me ha identificado y notificado públicamente que estoy siendo investigada por lo cual no podré regresar en un futuro cercano a mi país”, dijo Valle.

Su postura fue secundada por el resto de familiares de secuestrados políticos, entre ellos Carolina Jackson (hija de José Adán Aguerri), Julio Sandino (hijo de Violeta Granera), Victoria Cárdenas (esposa de Juan Sebastián Chamorro) y Javier Hidalgo (Familiar de Tamara Dávila). 

“Sin ninguna explicación no hemos logrado saber si está bien, su estado físico y salud mental o espiritual tenemos miedo por su salud debido a que presenta problemas respiratorios crónicos, reflujo y gastritis desde hace muchos años todo esto empeora”, dijo Carolina Jackson. 

Javier Hidalgo, hermano de Tamara Dávila, narró que el 12 de junio por la noche unos 60 policías llegaron a la casa con armas de guerra. Támara se encontraba con su hija de cinco años de edad. Al ver lo que pasaba la opositora se dispuso a salir, sin oponer resistencia para resguardar la seguridad de su hija, pero los policías rompieron a patadas la puerta de la casa. “Esa fue la última vez que la vimos”, dio Hidalgo.

Los efectos en la hija de Tamara se han manifestado en miedo, ansiedad y tristeza, preguntando reiteradamente “dónde está su mamá”. Incluso “ha llegado a preguntar si su mamá está muerta”, afirma Hidalgo.

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