La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la aprobación de la reforma electoral en Nicaragua que según ellos “mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país”.
El organismo urgió al Estado nicaragüense ”a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales y un contexto social y político compatible con un proceso electoral de amplia participación y competencia, así como la celebración de elecciones libres, transparentes, justas y observadas”.
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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 4 de mayo la Ley Nº 1070 de reforma y adición a la Ley Electoral Nº 331. “Dicha reforma, lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios mayoritariamente formales en el actual sistema; además, incorpora reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”.
Afirmaron que esto “limita la participación mediante el incremento de causales de suspensión y cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y a través de la incorporación de hipótesis de cancelación con las cuáles la narrativa oficial ha criminalizado arbitraria e ilegalmente a personas identificadas como opositoras en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país”.
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Dijeron que esta ley y “limita las libertades públicas de manera contraria a los estándares internacionales y, particularmente, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la protesta social, y el derecho a defender derechos, entre otros”.
Para la Comisión esto “intensifica la grave crisis de derechos humanos en el país y afecta seriamente la legitimidad del proceso electoral a celebrarse este año. En particular, ante la persistencia de un contexto generalizado de grave impedimento al ejercicio de las libertades públicas, por medio de un dispositivo sistemático, civil y policial, desplegado en todo el territorio nacional, con el fin de impedir incluso el movimiento de cualquier líder o lideresa que pudiera articular o difundir públicamente ideas contrarias a las oficiales, a través de la vigilancia, intimidación, agresiones, detenciones y, eventualmente, criminalización de éstas”.
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La Comisión pidió al Estado de Nicaragua a “dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, así como a restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres y justas”, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos.