derechos humanos
La ONU señala que la Policía es el brazo represor de la dictadura Ortega-Murillo. No protege al país contra los delitos comunes y crimen organizado, enfocados en la represión. Por ello han recibido sanciones tras sanciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la aprobación de la reforma electoral en Nicaragua que según ellos “mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país”.

El organismo urgió al Estado nicaragüense ”a adoptar medidas inmediatas para asegurar normas electorales y un contexto social y político compatible con un proceso electoral de amplia participación y competencia, así como la celebración de elecciones libres, transparentes, justas y observadas”.

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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 4 de mayo la Ley Nº 1070 de reforma y adición a la Ley Electoral Nº 331. “Dicha reforma, lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce cambios mayoritariamente formales en el actual sistema; además, incorpora reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”.

Afirmaron que esto “limita la participación mediante el incremento de causales de suspensión y cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos y a través de la incorporación de hipótesis de cancelación con las cuáles la narrativa oficial ha criminalizado arbitraria e ilegalmente a personas identificadas como opositoras en el contexto de la crisis de derechos humanos que afecta al país”.


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Dijeron que esta ley y “limita las libertades públicas de manera contraria a los estándares internacionales y, particularmente, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la protesta social, y el derecho a defender derechos, entre otros”.

Para la Comisión esto “intensifica la grave crisis de derechos humanos en el país y afecta seriamente la legitimidad del proceso electoral a celebrarse este año. En particular, ante la persistencia de un contexto generalizado de grave impedimento al ejercicio de las libertades públicas, por medio de un dispositivo sistemático, civil y policial, desplegado en todo el territorio nacional, con el fin de impedir incluso el movimiento de cualquier líder o lideresa que pudiera articular o difundir públicamente ideas contrarias a las oficiales, a través de la vigilancia, intimidación, agresiones, detenciones y, eventualmente, criminalización de éstas”.

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La Comisión pidió al Estado de Nicaragua a “dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas, así como a restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos políticos, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres y justas”, según las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos.

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