Por Luis Galeano
Y el mundo, incansablemente, lo reitera: Ni la peor epidemia sanitaria de la historia como es el coronavirus, ha frenado la criminal represión y violación de derechos humanos de la dictadura del septuagenario Daniel Ortega y su anciana mujer Rosario Murillo en Nicaragua desde abril de 2018.
Así lo reiteró Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su intervención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en su última actualización oral sobre Nicaragua en lo que va de 2020.
Igual que hace en 2018, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes la dictadura percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos.
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Nada ha cambiado en la política criminal sandinista
Según Bachelet, cada día los derechos de los nicaragüenses siguen siendo pisoteados por la dictadura por medio de la policía, agentes paramilitares y otras fuerzas de represión: el derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales.
Solo entre marzo y junio la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recibió 43 denuncias de violaciones a los derechos humanos como allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.
A la par, la impunidad sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Ortega y Murillo sigue reinando: “Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”.
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Masacre e impunidad
Bachelet señaló como parte de los delitos contra los derechos de las personas, la masacre con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, el 26 y 27 de marzo pasado, así como los incidentes violentos del 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, que dejaron al menos dos comunitarios y tres policías heridos, así como una redada varias personas detenidas que han sido llevadas a los juzgados en condiciones de reos políticos con un trato inhumano.
“Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior”, señaló Bachelet.
Ella señaló que mientras el régimen libera a más de cuatro mil reos comunes y delincuentes confirmados, ninguno de los 86 presos políticos ha sido beneficiado con la medida de convivencia familiar.
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Covid-19 empeoró el clima democrático
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también manifestó que la crisis sanitaria causada por el Covid-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático y ha empeorado el clima de represión.
“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”, dijo y en este contexto se ha incrementado la violencia contra las mujeres: En los cinco primeros meses de este año, Católicas por el Derecho a Decidir registra 32 feminicidios. A la misma fecha en 2019 la cifra era de 27 casos.
Bachelet señala además la poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos de coronavirus registrados en Nicaragua y las medidas oficialistas a contracorriente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico.
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Ataque y persecución a médicos y ONG
“Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”, señaló.
Bachelet también denunció la cancelación de la personería jurídica de la Asociación de Hermanamientos Municipales que ha venido trabajando por el desarrollo del municipio de Camoapa en junio reciente y señaló que desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país.
“Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente”, finalizó.