Por Café con Voz
Una resolución del orteguista Consejo Supremo Electoral sorprendió al sector político de Nicaragua al develar dos cosas: Que el régimen está pensando hacer elecciones generales el 7 de noviembre de 2021 , que no se vislumbran reformas electorales relevantes y que la dictadura está dispuesta a dividir el voto al facilitar los plazos y requisitos para que los partidos y organizaciones puedan tener su propia personalidad jurídica.
El anuncio, publicado en La Gaceta Diario Oficial este 14 de julio, establece que el CSE prorroga de oficio los plazos para que las organizaciones políticas obtengan su personería jurídica de cara a los comicios del 2021.
“Ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica hasta cumplirse todos los requisitos en un máximo de 5 meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 07 de noviembre del 2021”, dice la resolución del CSE.
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Poder Electoral oficioso
Justificando que la pandemia del coronavirus ha impedido la organización y actividades para el cumplimiento de los plazos, el CSE expresa que la flexibilización persigue asegurar “la participación de las organizaciones políticas debidamente acreditadas así como la certificación de su personería jurídica de acuerdo a las condiciones y requisitos que se establecen en la ley”.
La Ley Electoral 331, en el artículo 77 establece que los partidos políticos para poder participar en los comicios, deben haber obtenido la personería jurídica doce meses antes de la fecha establecida por el CSE para los comicios electorales.
Desde el retorno del FSLN al poder en 2007, el Poder Electoral ha bloqueado las facilidades y el acceso a la personería jurídica a las organizaciones políticas contrarias al régimen de Daniel Ortega, incluso eliminando sus personalidades jurídicas y otorgando a discreción a partidos zancudos y aliados del FSLN.
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“Un Chamarrazo“, dice Juan Sebastián Chamorro
El mensaje ha llegado con escepticismo entre las organizaciones política. Por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica, dice que este anuncio del CSE no es más que una medida de distracción para quitar el foco de atención social a los graves problemas de pobreza, indolencia sanitaria del régimen en plena campaña y los persistentes abusos de derechos humanos cometidos a diario por la dictadura.
“Es un chamarrazo, un intento por desenfocar a las fuerzas políticas y a la opinión pública de los verdaderos problemas que afectan al país. Nicaragua no tiene un problema de personalidades jurídicas, Nicaragua tiene un problema de una dictadura que no respeta la constitución, que viola los derechos de los nicaragüenses todos los días y no ofrece soluciones a los problemas cotidianos de la gente“, dijo Chamorro.
Para él, nada que venga de un CSE dominado en todos sus niveles por la misma dictadura autora de fraudes y masacres, puede resultar legítimo o legal.
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Cambiar al CSE en pleno
“Desde la Alianza Cívica nosotros seguimos insistiendo que para hablar de elecciones en 2021, se tienen que liberar a los presos políticos, se tienen que realizar reformas electorales claves, despartidizar al CSE, garantizar observadores nacionales e internacionales, se tienen que cumplir los acuerdos del diálogo nacional de 2019 que garanticen a la población sus derechos constitucionales confiscados por el régimen“, dijo.
“De qué sirve una personalidad jurídica ahorita, de una institución espuria, corrupta, sin ninguna legitimidad, con sus funcionarios sancionados por corrupción y violación de derechos políticos y humanos, no sirve para nada más que hacerle el juego al dictador“.
No le veo yo más objetivo que trata de regalar personalidades jurídicas con el fin de desviar la atención a los problemas reales de país y tratar de dividir el voto desde ahorita, metiendo a partidos zancudos, partidos aliados y creando ruido. Para la Alianza Cívica lo primordial son las libertades del pueblo, dijo Chamorro.
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Posición oficial de la Alianza Cívica
Institucionalmente, la Alianza Cívica emitió un comunicado rechazando las intenciones del CSE de cara a las elecciones 2021.
“La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas, anunciada por el régimen el día de hoy, no constituye, ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua. Como hemos venido demandando, la recuperación de la confianza del votante, y las garantías ciudadanas para la realización del ejercicio democrático, sí lo son, así como un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) y observación nacional e internacional de forma irrestricta“, dice el comunicado.
“Rechazamos la estrategia de la dictadura de no resolver los temas políticos de fondo que ayuden a los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones democráticas para salir de la grave crisis de Derechos Humanos e institucional que atravesamos desde el 2018“.
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Cambios reales, demandan
“La demanda de transparencia en el sistema electoral es clave para acabar con los recurrentes fraudes cometidos por la dictadura. Por ello reiteramos que los verdaderos puntos que deben contenerse en las reformas electorales necesarias deben incluir cambios de Magistrados en el CSE, Padrón Electoral único, despartidizar los organismos electorales, observación nacional e internacional irrestricta, la transmisión y publicación de datos en tiempo real el mismo día de las elecciones y la reactivación de relaciones entre el Estado de Nicaragua y la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos (OEA)“.
“Es fundamental despatidizar el actual sistema electoral para erradicar el bipartidismo. Así mismo deben cambiar los procedimientos y requisitos para que agrupaciones políticas puedan conformar alianzas electorales“.
La unión de todos los nicaragüenses en torno a una propuesta sólida es fundamental frente a los intentos del régimen de dividir a la oposición nicaragüense. Sin estos cambios de fondo, cualquier personería jurídica otorgada por un CSE fraudulento, estaría manchada por el tradicional zancudismo que tanto daño le ha causado al país.
Demandamos que todo proceso electoral debe llevar liberación plena de los presos políticos, la recuperación de las garantías ciudadanas, que se encuentran en los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, firmados entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Estado de Nicaragua.
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Más críticas
Otras voces, como la del analista político Eliseo Núñez, igual consideran consideran que la estrategia del CSE es distraer a la opinión pública y colocar señuelos para que algunas organizaciones que forman parte de la Coalición Nacional se arriesguen abandonar el barco para realizar por sus propios intereses el trámite para obtener su propia casilla. “Es una táctica vieja de divide y vencerás“, dijo.
De igual modo el Movimiento Renovador Sandinista, mediante un mensaje, rechazó la jugada política del CSE.
“El MRS rechaza la resolución que ha emitido el Consejo Supremo Electoral subordinado al régimen de los Ortega Murillo, para extender el plazo para la obtención de personalidad jurídica de partidos políticos“.
“Tal como sucedió con la rebaja al precio de la energía eléctrica en un 3%, ésta es también una burla a la demanda de los nicaragüenses de condiciones para elecciones limpias, transparentes, competitivas y adelantadas“.
“En Nicaragua, nadie puede obtener personalidad jurídica como partido político si no cuenta con el visto bueno de la dictadura, pues las condiciones de la ley y normas actuales, vuelven la conformación de fuerzas políticas en un asunto de decisión discrecional del régimen“, dijeron en un comunicado.
El MRS aún espera la resolución de su demanda ante la Corte Suprema de Justicia en relación a la cancelación arbitraria e ilegal de su personalidad jurídica desde 2008 y el Partido Acción Ciudadana (PAC), espera aún una resolución sobre un presunto litigio, que mantiene en suspenso sus derechos.
“Solo habrá condiciones para unas elecciones libres, con el pleno restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, con una verdadera y profunda reforma electoral, el cambio total de los integrantes del CSE y la depuración del sistema electoral“.
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UNAB rechaza medidas de distracción y división del CSE
De igual manera Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, rechazó las acciones divisorias y distractoras del CSE.
La UNAb considera que esta medida es una lavada de cara de la dictadura, para tratar de vender la idea de que el CSE está tratando de facilitar las cosas a los partidos políticos, cuando lo único visible es que están al servicio del régimen.
Según Dávila, no puede haber nada legítimo ni legal del CSE mientras no se realicen reformas electorales, destitución de los actuales magistrados y discusión profunda con todos los sectores del país y no solo a nivel de asamblea nacional.