La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, condenó el cierre y confiscación de 19 universidades y tres organizaciones sin fines de lucro relacionadas con actividades académicas.
La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.
El Parlamento de Nicaragua, bajo el control de la dictadura, clausuró las universidades el pasado 17 de enero de 2022, mientras que el Ministerio de Gobernación autorizó la confiscación de facto de 7 instituciones más.
“La Relatoría Especial, llama también la atención sobre la cancelación de la personería de la Asociación de Cantautores Nicaragüenses y de la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, con el consiguiente perjuicio a la importante labor que ambas instituciones realizan en favor de los derechos culturales, como del derecho a la salud en el país”, señala REDESCA en un comunicado publicado en el sitio web de la Organización de Estados Americanos, OEA.
La publicación señala que la REDESCA recibió información de organizaciones de la sociedad civil señalando que en realidad las autoridades competentes se habrían negado a recibir la documentación que en términos generales las entidades ahora canceladas habrían tratado de entregar ante el Ministerio de Gobernación.
“Este hecho cobró estado público en el caso de la Universidad Paulo Freire mediante publicaciones en medios de comunicación. Asimismo, la Relatoría Especial advierte que el Poder legislativo aprobó leyes que crean nuevas universidades, reemplazando a las extintas y traspasando todos sus bienes a estas nuevas instituciones”, añade.
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REDESCA sospecha venganza política a Universidad Paulo Freire
La organización señaló que uno de los posibles motivos de la anulación de la Universidad Paulo Freire, fue por haber aceptado a estudiantes opositores expulsados de las universidades del Estado.
“De manera particular, la REDESCA tiene conocimiento que la Universidad Paulo Freire ejecutó el Programa de Continuación de Estudios Superiores (PROCES), para las y los estudiantes que hayan sido expulsados injustamente de las universidades públicas, a fin de que continúen sus estudios en esa institución”, señala.
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Preocupación por la educación
REDECSA detalla que existe una preocupación debido a que las cancelaciones representan una agresión a la libertad académica.
“De esta forma, expresa su especial preocupación por el grave impacto que la implementación de dicha disposición supondría para el derecho a la educación, a la libertad académica y la autonomía universitaria, a los derechos laborales de las personas que trabajan en las entidades afectadas y a los derechos sociales que contribuyen a proteger desde sus respectivas misiones”, dice el comunicado.
“Considerando lo anterior, la REDESCA exhorta al Estado a que se abstenga de obstaculizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente y deje sin efecto la cancelación de la personería de las 26 entidades, arbitrando los medios necesarios para que las mismas puedan cumplir con tales requisitos con todas las garantías administrativas y de debido proceso”, añade.