La Fiscalía de los Ortega Murillo, presentó acusación contra el galardonado escritor y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado, señalándolo de realizar supuestos actos que fomentan al odio y la violencia, al igual que, de haber recibido a través de la fundación Luisa Mercado, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

El día de ayer, se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado, por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, también, por haber recibido a través de la Fundación Luisa Mercado, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos principales miembros de su directiva, se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos”, suscribe el comunicado 075-2021.

El Ministerio Público en la misiva que oficializa la acusación contra Ramírez, afirma que el capital de los programas de la FVBCH, “fueron destinados para otros fines que no eran los propios de la Fundación, como el dar financiamiento a organismos y personas que buscaban la supuesta desestabilización de “la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.

El escritor reaccionó contra estas acusaciones luego de publicarse el comunicado, argumentó que «las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su sañas, sus odios y sus caprichos» dejando entrever, que no es la primera vez acusado por una familia dictatorial que se cree dueña de la conciencia y dignidad de los demás.

Las únicas armas que poseo son las palabras dice Ramírez

«No es la primera vez que ocurre en mi vida, en el año de 1977, la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora; terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra (…) son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos» expresó Ramírez.

Ante el anuncio del allanamiento arbitrario de su casa, el ex vicepresidente dijo que lo único para encontrar es una casa llena de libros, «los libros de un escritor, los libros de toda mi vida» añadió, siendo enfático en que es un escritor comprometido con la democracia desde donde se encuentra y que la obra literaria de toda su vida «es la de un hombre libre», que las únicas armas que posee son palabras y que no podrán imponerle el silencio.

Acusan a ambientalista con Ley Mordaza

No obstante, el comunicado informa que el día de ayer, se presentó acusación contra el ambientalista Amaru Ruíz Alemán, por propagación por presuntas noticias falsas en sus redes sociales, aplicándole de esta manera, la inconstitucional “Ley Especial de Ciberdelito”, mejor conocida como Ley Mordaza.

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Ayer mismo, se presentó acusación en contra de Amaru Ruíz Alemán, por la comisión del delito de Propagación de Noticias falsa, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que prevé y sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelito; quien brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte”, dice la proclama.

Continúan los juicios secretos

Por otro lado, el organismo represor, hizo público que también se llevaron audiencias iniciales contra el comentarista político Jaime Arellano, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa y el ex diplomático Francisco Díaz, quienes están siendo acusados por el delito fabricado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Arriba, el ex embajador Mauricio Díaz, abajo a la izquierda, ex canciller Francisco Sacasa, abajo a la derecha, comentarista político Jaime Arellano. Fotos / Cortesía

La autoridad judicial, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva de todos los acusados y remitió la causa a juicio”, añade

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Desde mayo 2021, la dictadura de Ortega incrementó la represión contra todo aquel que haga uso del derecho a expresarse y critique su administración, uno de los instrumentos para criminalizar la libertad, ha sido la fiscalía y el poder judicial, que desde el 2018 fabrican delitos contra opositores, activistas y periodistas según expertos.

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