Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), titulada «La punta del Iceberg de la Nueva Piñata Ortega-Murillo», destaca que las confiscaciones realizadas por el régimen sandinista ya superan los $250 millones.
Estas confiscaciones, que iniciaron en 2018, abarcan propiedades de ciudadanos, empresas, medios de comunicación, universidades, la Iglesia católica y sedes diplomáticas.
Según Wilfredo Miranda, co autor de la investigación, este monto revela apenas “la punta del iceberg” de una deuda pública que sigue en aumento y no cesa, generando preocupación en la ciudadanía nicaragüense.
El informe del OPTA señala que las confiscaciones llevadas a cabo desde 2018 constituyen una nueva fase de expropiaciones por parte del régimen Ortega-Murillo.
Tan cara como la primera piñata
Esto se suma a las indemnizaciones pendientes desde la primera «piñata» de los años noventa, que superan los 2,000 millones de dólares en propiedades que fueron repartidas entre los sandinistas al perder las elecciones en 1990.
Según Miranda, los $250 millones representan solo una fracción del verdadero valor de las propiedades confiscadas, ya que la falta de información dificulta un cálculo preciso y muchos afectados temen denunciar sus casos por temor a mayores represalias.
La investigación resalta el clima de terror en Nicaragua, que limita la divulgación de información sobre las confiscaciones y sus víctimas.
Además, denuncia la generalizada represión estatal, que ahora incluye la confiscación de propiedades de familiares de opositores políticos, exiliados y presos políticos.
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Nueva piñata podría ser incalculable
De acuerdo a los autores, el informe del OPTA es solo el primer paso para documentar el alcance total de las expropiaciones realizadas ilegalmente por el régimen.
Entre lo robado se encuentran empresas completas, medios de comunicación, fincas, mansiones, casas de uso familiar, edificios de apartamentos, universidades y centros de estudios, así como acciones empresariales y cuentas bancarias.
El estudio enfatiza que los $250 millones calculados hasta el momento son solo el inicio de una deuda que sigue creciendo diariamente.
Esta deuda recaerá de futuro sobre toda la población nicaragüense y plantea serias implicaciones económicas y sociales para futuro del país, tal y como pasó con la piñata de 1990.
Confiscados: ciudadanos, empresas y más
El régimen Ortega-Murillo ha aplicado confiscaciones desde 2018, particularmente a través de la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
Esta ley ha afectado a 317 personas, de las cuales 41 han sufrido confiscaciones de 78 propiedades. Estas acciones, destinadas a personas acusadas de «traición a la patria», han generado pérdidas económicas significativas, especialmente en zonas residenciales.
La mayoría de las propiedades confiscadas eran viviendas personales, aunque también se incluyen terrenos, fincas y locales comerciales.
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) también han sido blanco de las confiscaciones, que comenzaron en 2018 con la clausura masiva de sus personerías jurídicas.
Hasta abril de 2024, se contabilizan 3,494 ONG clausuradas, de las cuales 31 han sufrido confiscaciones de 42 propiedades.
Estas acciones violan la ley nicaragüense y generan pérdidas económicas significativas para las ONG afectadas.
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Dictadura se ha llevado desde empresas hasta acciones
El empresariado nicaragüense tampoco ha escapado de las confiscaciones, que han afectado tanto a nivel personal como gremial.
Hasta abril de este año, se han clausurado 33 cámaras y asociaciones empresariales, con propiedades confiscadas por un valor estimado de $163 millones.
Estas acciones representan un intento del régimen de controlar el sector privado y limitar la actividad empresarial en el país.
Además, el régimen ha extendido las confiscaciones a las universidades, con al menos 29 centros de educación superior afectados desde finales de 2022.
Estos despojos, que incluyen la confiscación de propiedades y el congelamiento de cuentas bancarias, afectan gravemente el funcionamiento de las instituciones educativas y el acceso a la educación superior en Nicaragua.
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Solo en el caso de la UCA, se estima en al menos 50 millones de dólares su campus central en Managua
La Iglesia católica también ha sido víctima de las confiscaciones, con la expropiación de 15 propiedades de nueve asociaciones religiosas, incluyendo universidades, escuelas, clínicas, asilos, orfanatos y comedores humanitarios.
Estas arbitrariedades, que incluyen el congelamiento de cuentas bancarias personales de sacerdotes, representan un ataque directo a la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua.
Conclusión: un patrón de represión y corrupción
Las confiscaciones realizadas por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, según la investigación, constituyen un claro patrón de represión y corrupción, que afecta a ciudadanos, empresas, medios de comunicación, universidades, la Iglesia católica y sedes diplomáticas.
Estas acciones violan los derechos humanos y generan pérdidas económicas significativas para las víctimas y para el país en un futuro, ya que las demandas de las víctimas podrían pasarle la factura al Estado.