La dictadura sandinista confiscó tres propiedades del ex magistrado a su servicio Rafael Solís Cerda, sacando casi a la fuerza de una de ellas a la madre del ex operador político más importante que tenía la tiranía en el poder judicial del régimen, Rafaela Cerda.
El desalojo ocurrió en horas de la noche de este martes, luego que la guardia sandinista llegó a las propiedades según confirmó una fuente cercana a la familia.
“Si, a ella (madre de Solís) la sacaron de la vivienda, pero ya está bien. Ella quiso resistir el desalojo, pero luego salió de la casa”, aseguró una fuente a Café con Voz. La señora de 93 años, “salió de su casa con la ropa que llevaba puesta, sin poder llevarse sus medicinas”. añadió.
Este medio de comunicación intentó llamar a Solís pero no aceptó nuestra llamada.
Entre las tres casas tomadas por la dictadura se encuentra la que en su momento fue la residencia de Rafael Solís, hasta que este último se fue al exilio en enero de 2019, cuando denunció en una carta a Ortega y Murillo por los crímenes cometidos por su régimen durante las protestas de 2018.
Días atrás, la Policía allanó también las viviendas de una hermana y sobrino del exmagistrado, Ana Isabel Solís y Aldo Rapacciolli Solís, respectivamente. Ambos “no se encontraban en sus casas y no han sido detenidos”, según la fuente.
El 29 de enero de 2024, la Procuraduría General de la República confiscó el Hotel Casa Blanca en San Juan del Sur, propiedad de doña Rafaela Solís. También, el Diario la Prensa informó que el centro comercial Isabella, ubicado en Las Colinas y que pertenece a Isabella Solís Cerda, también fue confiscado por la dictadura. La hermana del exmagistrado tampoco se metía en asuntos políticos.
Solís arquitecto de la reelección de Daniel Ortega
Solís fue mano derecha de Ortega en asuntos jurídicos por muchos años, desde antes de que en 2000 fuera nombrado magistrado por Ortega como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fue Solís junto a otros servidores de Ortega, quien ideó declarar «inaplicable» un artículo de la Constitución que impedía la reelección y con el que se allanó el camino para que Ortega participara en los cuestionados comicios de 2011 y luego en 2016.
Leer además: Rusia y las dictaduras de las Américas, realizan mini-cumbre sobre seguridad en Managua
Luego de la represión iniciada en abril de 2018, el 11 de enero de 2019, Solís renunció este a su cargo. También anunció su dimisión de «todos los cargos políticos, incluida la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional».
“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes y proceder a una negociación política que permitiera el adelanto de las elecciones y algunos de los otros puntos planteados por la oposición pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un Estado de Terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete», dice uno de los apartes de la misiva de Solís.
El 15 de febrero de 2023, el Poder Judicial, al servicio de la dictadura, ordenó quitarle la nacionalidad a Solís, junto con 93 nicaragüenses más.