Este 9 de febrero se cumplió un año de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos que la dictadura mantenía, principalmente desde 2021, en el contexto de la farsa electoral.
A un año del destierro, los desterrados políticos se enfrentan a grandes adversidades, especialmente por la búsqueda de oportunidades lejos de su patria, la separación familiar y la adaptación a nuevas culturas.
A algunos, más que a otros, el destierro les ha pasado factura. Tal es el caso de Michael Healy, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien falleció el 25 de enero de 2024, poco antes de cumplir un año en el destierro.
Para Tamara Dávila, el destierro fue algo difícil, puesto que asegura que ha tenido que adaptarse a una nueva realidad.
«Ha sido muy difícil estar lejos de la familia. Sí ha sido muy duro. Creo que al menos yo en términos de mi apuesta política y mi activismo político y de defensa de derechos humanos de alguna u otra manera he estado ahí, pero estar lejos de la familia, de tu casa, de tu hogar, de aquello que has construido es muy duro», aseguró Dávila.
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Sin embargo, considera que los excarcelados se han encontrado con la solidaridad de los Nicaraguenses y la comunidad internacional.
«Gracias también a la solidaridad de mucha gente de muchos nicaragüenses y también de gente que se solidariza con con la vida con la lucha por la democracia», añadió.
Dávila reiteró que las acciones de la dictadura son deplorables, desde cualquier postura ideológica, incluyendo la de funcionarios públicos o fanáticos sandinistas. En ese sentido, se refirió a la renuncia del ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Mcfields, el 23 de marzo 2023. McFields hizo mención al caso de Tamara Dávila, ante la negativa de la dictadura de permitir una visita familiar a su hija.
La actuación de Daniel Ortega y Rosario Murillo es innegable. No solamente asesinan, tambien expatrian», añadió.
Ernesto Ramírez, uno de los 222 desterrados políticos, asegura que un año después del destierro, tiene más fortaleza y que uno de los principales obstáculos ha sido el idioma.
Ramírez asegura que su permanencia en prisión fue un tiempo que le permitió reflexionar y, que, al contar nuevamente con su libertad, pese al destierro, continúa apostando por la liberación de todos los presos políticos.
«Para mí no es un destierro porque incluso sencillamente, quién lo dicta o quienes los dictaron. Quitar la nacionalidad para mí no significa nada primero con mi sangre», dijo Ramirez.
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Uriel Pineda, fue desnacionalizado por la dictadura el 15 de febrero de 2023, seis días después del destierro de los 222 excarcelados políticos. Pineda considera que para el régimen era muy complicado seguir teniendo a los presos políticos en prisión desde 2021.
Pineda asegura que la privación de la nacionalidad constituye un delito de lesa humanidad.
«Tener presos políticos va sumamente complicado ante la opinión pública y sobre todo de la comunidad internacional para el régimen, de manera tal de que tenía que resolverlo para que dejara de ser foco de atención de la comunidad internacional», expreso Pineda.
A su consideración, el régimen despojó de su nacionalidad porque «tenía que desarticular o evitar que se articularan de nuevo en un movimiento o acciones en demanda de la libertad y la democracia», refirió.