El fiscal general interino de Honduras, Johel Zelaya, nombrado en medio de cuestionamientos, tomó posesión del cargo resguardado por un fuerte contingente militar y policial, y aunque de inmediato inició reuniones con los diferentes equipos fiscales, la situación sigue siendo confusa alrededor de las funciones y responsabilidades de los nuevos funcionarios, que por su condición de interinato, no están establecidos en ninguna ley de la República.
Luis Redondo presidente del Congreso Nacional, suspendió la sesión extraordinaria que estaba convocada para en horas de la tarde del jueves y llamó a reuniones, por separado, a los jefes de las bancadas opositoras para el día lunes.
Los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) y del Partido Nacional salieron a denunciar agresiones y persecuciones en su contra. Los diputados del PSH anunciaron que no acudirán a ningún llamado de la presidencia del Legislativo en tanto no se garantice su vida y su investidura, mientras que los nacionalistas denunciaron intenciones de nombrar los cargos vacantes en el Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión de Política Limpia y el Consejo Nacional Electoral, entre otros.
En conjunto la oposición legislativa desconoce la legalidad de los fiscales interinos y reconoce al anterior fiscal en funciones Daniel Sibrián, pero carecen de la fuerza para que su decisión sea implementada, ya que las fuerzas de seguridad del Estado responden al gobierno, bajo control de Libre.
Altos cargos del gobierno estadounidense siguen de cerca la evolución de la crisis en Honduras. Phil Gordon, asistente de Seguridad Nacional del presidente Biden, instó “a los miembros del Congreso de Honduras a prestar atención a la voluntad del pueblo hondureño y proceder con una selección justa y transparente del nuevo Fiscal General”, mientras que Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que “la decisión de una minoría del Congreso hondureño de seleccionar un nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto socava aún más la confianza en las instituciones del país”.
Este pequeño recuento evidencia que la crisis política está lejos de resolverse y que urge se abran las avenidas de diálogo que lleven al respeto irrestricto de la institucionalidad en el país vecino de Nicaragua, que vive una dictadura señalada de crímenes de lesa humanidad.