La dictadura sandinista consumó el asalto de la vivienda del defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, quien fue desnacionalizado en febrero junto a otros 93 disidentes.
Imágenes que llegaron a Café con Voz muestran el momento en que trabajadores del régimen realizan podas en el jardín de la vivienda.
“Si es nuestra casa. Se materializa el asalto, el robo e invasión a nuestra casa. Esa casa, con esfuerzo de su servidor y mi esposa la compramos por una deuda de quince años consecutivos y nos costó mucho esfuerzo. Era lo único de valor material que estaríamos dejándole a nuestras hijas y que ahora es asaltada”, dijo Carrión a Café con Voz.
Se conoce que las viviendas de otros desnacionalizados también fueron ocupadas por agentes de la dictadura durante el fin de semana, pero aún no hacen público el tema.
“Son ladrones y el robo es lo único que ofrecen para el país”, dijo Carrión.
El defensor de Derechos Humanos, aseguró que el inmueble fue adquirido con un crédito otorgado por el Banco de Finanzas (BDF), aliado de la dictadura.
“Esa casa la pagamos nosotros y se la pagamos a negocios vinculados a la dictadura y sin ninguna dádiva. La pagamos y nos costó”, refirió.
“Con mucha firmeza rechazo ese asalto de los asesinos, de los criminales de lesa humanidad y ladrones. A quien vaya a ocupar nuestra casa, le recuerdo que no le costó ni un centavo y que toda la vida van a ser señalados de ladrones”, añadió.
Desnacionalizados en un proceso absolutamente inconstitucional
El pasado 15 de febrero, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, arrebató la nacionalidad a 94 nicaragüenses, incluyendo periodistas como el director de Café con Voz, Luis Galeano y religiosos como el obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, así como activistas y defensores de derechos humanos, a quienes tachó de “traidores de la patria”, según difundieron los medios de comunicación propiedad de la familia dictatorial.
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Una declaración firmada por Ernesto Rodríguez Mejía, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, al servicio de la dictadura, señaló que los 94 declarados como traidores de la patria “continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Entre la lista de despatriados también se encuentran el padre Edwing Román, la socióloga Elvira Cuadra, la activista social Haydeé Castillo; así como los defensores de derechos Humanos Pablo Cuevas y Vilma Núñez.
El servidor de la dictadura hizo referencia a la Ley 1145, “Ley que regula la pérdida de la nacionalidad”, que fue publicada en La Gaceta, Diario oficial, el pasado 10 de febrero, pese a que la reforma constitucional aun no está vigente.