Los sacerdotes Erick Ramírez Velásquez, del templo de Telpaneca, municipio del departamento de Madriz, y Adalí Carrasco, del templo de Ciudad Antigua, municipio del departamento de Nueva Segovia, sufrieron detenciones por horas después de sus actividades religiosas de fin de semana.

Agentes del régimen llegaron a llevárselos y se conoció por los mismos feligreses, que los liberaron horas después. Según testigos de las detenciones, los oficiales les recordaron que “hay actividades prohibidas, como prohibido es mencionar en sus homilías el nombre de monseñor Rolando Álvarez”, condenado por la dictadura a 26 años de cárcel por negarse a ser desterrado junto a los 222 presos políticos que expulsó del país la semana pasada.

El sacerdote Adalí Carrasco, fue liberado primero y después el párroco Erick Ramírez Velásquez, de Telpaneca, en Madriz, este último, ya al caer la noche. En tanto el fray italiano Damián Muratori, fue sacado este lunes de la casa cural de San Rafael del Norte y trasladado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Managua, donde está retenido y en riesgo de ser expulsado de Nicaragua. La detención del religioso, se produjo menos de 24 horas después de que mencionara su apoyo a monseñor Rolando Álvarez durante una misa en el Tepeyac, el domingo.

Mientras en San Lucas, también de Madriz, agentes asediaron la misa que celebró este domingo el padre Juan Amílcar Lazo Rivera, del templo del municipio indígena de San Lucas. Los agentes llegaron después que el sacerdote en su homilía mencionara la tristeza que había expresado el Papa Francisco por el encarcelamiento del obispo Álvarez.

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“Desacatar prohibiciones es cárcel”

Según fuentes de la diócesis de la iglesia católica en Estelí, y de feligreses católicos de Telpaneca y Ciudad Antigua, los agentes policiales dijeron a varios ciudadanos que reclamaron por las detenciones que “desacatar las prohibiciones es cárcel”. “Esto es demasiado, primero prohíben procesiones y ahora quieren controlar las homilías, ¿Hasta dónde hay que aguantar a esta gente?”, se preguntó molesto un feligrés.

Sabemos que las misas que ofician nuestros hermanos sacerdotes en cada una de las parroquias de los 27 municipios que conforman la diócesis (en los departamentos) de Estelí, Madriz y Nueva Segovia son constantemente vigiladas por equipos de inteligencia del gobierno y del partido en el poder, aseveró uno los sacerdotes que recién fueron nombrado en el equipo de trabajo que organizó el padre Frutos Constantino Valle Salmerón, Administrador Ad Omnia para la Diócesis de Estelí.

La noche (del domingo) en que fue detenido el padre Erick Ramírez Velásquez cortaron la energía eléctrica en todo el poblado de Telpaneca, y según nos dijeron algunos vecinos, estos vieron unas camionetas con policías a bordo que llegaron al templo con las luces apagadas y luego salieron apresurados. Creo que el apagón fue para que no viéramos, ni nos diéramos cuenta cuando sacaron a la fuerza a nuestro sacerdote, especuló otro poblador de esa localidad.

En los templos católicos, la feligresía y los sacerdotes realizan oraciones “casi en secreto” por la salud y por la libertad de monseñor Álvarez, debido a que las misas son vigiladas por gente del gobierno que asisten a ellas vestidas de civil.

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Siguen a sacerdote e intimidan a su ayudante

Agentes de la Policía Orteguista (PO), han estado intimidando y hostigando al sacerdote Juan Amílcar Lazo Rivera y al ciudadano Dimas Moreno, un estrecho colaborador del templo católico del poblado del municipio indígena de San Lucas, en Madriz.

En la misa del domingo, el padre Lazo Rivera, se lamentó por lo que atraviesa el obispo Álvarez y pidió oración por el líder religioso encarcelado por el gobierno Ortega Murillo. Las cosas cambiarán algún día, dijo el religioso durante su homilía.

Estas amenazas a los sacerdotes ya se están volviendo intolerables y vamos a explotar un día, juegan con la paciencia de la gente. Olvidan que un pueblo no necesita tener armas escondidas para acabar con una injusticia, explota y ya”, advirtió una ciudadana católica, que condenó los actos intimidatorios de la policía del régimen.   

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