Yader Morazán: «Policía usurpa rol de fiscal, juez y legislador»

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La dictadura sandinista no tiene intenciones de mostrar apariencia de legalidad en el caso del secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, puesto que la Policía al servicio del régimen, asegura que “determinará” responsabilidades penales en una investigación que abrió contra el jerarca.

A criterio del abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, esta decisión refleja que las ordenes de la dictadura no pasan por ningún filtro o asesoría que permitan darle cierta apariencia de legalidad.

Además, expone que el delito de “lesa espiritualidad” inventado por la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, no existe en derecho, mientras que los delitos de perturbación de actos religiosos si contemplan responsabilidades penales.

¿Por qué en un secuestro lo de Monseñor Rolando Álvarez?

Solamente podés retener a una persona bajo una autorización judicial o encontrarlo en flagrante delito, que tiene que ser puesto en 48 horas ante la autoridad.

Vemos una autoridad policial que admite que tiene a sus órdenes a Monseñor Álvarez, que no es un centro de detención. La Policía ha perdido la vergüenza, no le preocupa tener una apariencia de legalidad.

La Ley establece que los secuestros pueden ser ejecutados por funcionarios públicos.

¿Los oficiales de la Guardia pueden aducir que están siguiendo órdenes que les obligan a plegarse a lo que determina la dictadura?

La obediencia tiene un límite. Esto es claro que es un secuestro, que se ha impedido la realización de actos religiosos. La obediencia no cabe porque estás violentando derechos constitucionales. Ninguna orden puede ser considerada cuando no es legal.

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La Policía acusa al Obispo de usar medios de comunicación para crear ambiente de zozobra ¿Hay elementos para sustentar esto?

Matagalpa es una ciudad con dos calles principales. La zozobra la promueve la Policía, porque no permite circular a la gente.

Monseñor Álvarez invitó a la población a rezar e intentó abrazar a los oficiales. La zozobra la causa la Policía, porque la gente duerme por la inseguridad, porque ellos paraban a los vehículos que iban pasando.

El comunicado de la guardia se da luego que la vocera de la dictadura amenazó a Monseñor Álvarez y se refirió a un delito de “lesa espiritualidad”, ¿esto es un aparato para darle apariencia de legalidad?

Vemos que hay una especie de planificación en diferentes estructuras y lo único que demuestra es la intromisión de otros poderes del Estado en el sistema judicial.

Lo que se están limitando son libertades religiosas y de circulación. Ese delito de lesa espiritualidad no existe en el derecho. Pero si hay delito en la perturbación de actos religiosos y un secuestro agravado, porque es ejecutado por funcionarios públicos.

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En una nota de prensa, la Policía hizo de fiscal, de jueces y hasta legislaron.

La nota de prensa dice que se está investigando, por ende, no hay un delito todavía. Pero luego, señala de criminales a los religiosos. Además, dicen que informaron a los judiciales, que les corresponde al Poder Judicial pedírselo a la Policía. Existen canales de comunicación que no se están respetando.

La Policía tampoco puede determinar responsabilidades penales, como dice la nota de prensa, porque eso le corresponde solo al judicial.

También comenzaron a citar a los que respaldaron a Monseñor Álvarez, ¿Qué puede significar esto?

Ellos tienen todo para inventarte delitos. A las personas las han citado en más de una ocasión. Es una forma de amenazar y acallar su voz. Muchos de ellos cerraron sus redes sociales.

Me llama la atención que a hoy, tienen toda la posibilidad de llevar a un tribunal a Álvarez, no lo han hecho. Esto evidencia que tienen un interés político de amedrentar a la gente, como pasó en Sébaco, que ya no hemos vuelto a saber nada del sacerdote Uriel Vallejos.

El Obispo Rolando Álvarez salió a las calles con el Santísimo expuesto.

Si alguien cometió un delito, hay un proceso y lo podés acusar, pero no mantenerlo bajo secuestro.

Si como funcionario del Estado conocés que alguien cometió un delito, tenés que acusarlo. Si no lo hacés, el Estado comete omisión de perseguir un delito.

El altoparlante de la dictadura, William Grigsby, acusó a Monseñor Álvarez de organizar grupos para desestabilizar al régimen, ¿podría ser este el argumento de la dictadura?

Las declaraciones de William Grigsby y la Policía son ambiguas, porque no señalan hechos concretos constitutivos de delitos. Si vos decís que andaban organizando para tomarse una sede, podés decir que hay elementos. Pero si hablás de forma generalizada, eso es un discurso, no un delito.

Telcor canceló frecuencias a emisoras de la Iglesia Católica, ¿el procedimiento fue el correcto?

Estos patrones me dan la impresión que la orden pasa sin filtro de asesoría para darle apariencia de legalidad. Esto significa que nadie discute las órdenes.

Todos sabemos que ninguna resolución se considera válida si no pudiste defenderte y tampoco tiene suficiente fuerza para ejecutarse si no ha vencido el tiempo para apelar.

La ley establece que cuando una radio está infringiendo la ley, se establecen multas, que puede ser apelable.

Mientras más atropellos comete un Estado, más obligación tenemos de abordar temas jurídicos que nos ayude a evidenciar y ponerlos a ellos en una situación difícil.

Mi recomendación es que se presenten recursos de exhibición personal y los pongan en una situación difícil.

Los familiares de presos políticos deben saber que los responsables son los jueces. Podés estar en la impunidad hoy, pero no todo el tiempo se va a estar así.

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