La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, desmintió los argumentos de la funcionaria sandinista Franya Urey Blandón, responsable de registro de las Organizaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, quien asegura que la institución defensora de Derechos Humanos no ha cumplido con sus obligaciones ante el Estado.

Los diputados sandinistas del Parlamento, cancelarán personería jurídica de 25 Organizaciones no Gubernamentales, entre ellas a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la Fundación Coen, del Grupo Financiero Coen, y la Coordinadora de la Niñez Nicaragüense, Codeni.

Según el fundamento legal presentado por el sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras, el 6 de abril, Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, remitió a Porras un informe solicitando la anulación de las personerías jurídicas debido a que las organizaciones no presentaron estados financieros ni actualizaron sus juntas directivas.

Marcos Carmona, Secretario de la CPDH, aseguró que el Ministerio de Gobernación no recibió los Estados Financieros que la misma dictadura señala que no se entregaron.

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“Nosotros hemos dejado evidencia de que hicimos presencia ante Gobernación presentando estos informes financieros auditados y jamás hubo voluntad de recibirlos. Hemos sido responsables en cuanto a que los fondos se han reportado con su respectivo egreso”.

Carmona destacó que con estas acciones, la dictadura muestra su interés por eliminar a cualquier organismo defensor de derechos humanos.

Ilegalizan CPDH en 45 aniversario

Carmona señaló que la dictadura “le pasará la cuenta” a la CPDH en el contexto del 45 aniversario de la organización este 19 de abril.

“Nos llama la atención que esta iniciativa cae en el 45 aniversario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Nuestro compromiso es con el pueblo de Nicaragua. Siempre hemos destacado que contribuimos al respeto de los derechos humanos y que jamás hemos pretendido ser enemigos de ningún gobierno”, dijo Carmona.

Por otro lado, señaló que los defensores continuarán con algunos casos de secuestrados políticos pero a título personal, afirmando que debido a la anulación de la Personería Jurídica, no pueden seguir utilizando el nombre de la CPDH por temor a represalias.

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No obstante, señaló que los bienes y activos serán entregados a la dictadura, exceptuando la información de los casos de secuestrados políticos.

Ante el Parlamento, la iniciativa fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien solicita que se le cancele la personería jurídica a las 25 organizaciones argumentando que han incumplido con la Leyes 147 y 977, que regulan a las Asociaciones Sin fines de Lucro (ASL) y la “Ley de Agentes Extranjeros”.

“En algún momento, este mismo diputado alabó el trabajo de la CPDH, al igual que a otros diputados de la Asamblea, a quienes hemos apoyado en su momento”, dijo Carmona.

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