Con 70 votos a favor y nueve abstenciones, los diputados sirvientes de Daniel Ortega aprobaron en el Parlamento tres reformas que envió el dictador con trámite de urgencia, por medio de las cuales imponen multas a los funcionarios y empleados de la banca nacional, que informen a sus clientes que la dictadura los está investigando.

Las leyes modificadas otorgan mayores facultades a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras,Siboif, para “supervisar” e imponer sanciones a los bancos y a funcionarios que “alteren” u “oculten” información a esa entidad.

La primera reforma aprobada por los diputados de Ortega, fue a la Ley No. 316, Ley de la Siboif, la cual amplía el espectro de la figura de la prevención del riesgo de lavado.

“Aprobar normas generales que aseguren el origen lícito del capital de las instituciones financieras y para prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva dentro del sistema financiero bajo su supervisión”, indica la reforma al artículo 10 numeral 5 de la Ley No. 316.

La legislación modificada por los diputados establece multas al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria «que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte».

También a los que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección, según el proyecto.

La tercera reforma aprobada fue la Ley No. 587 Ley de Mercado de Capitales en la que se modificaron los artículos 187, 188 y 212.

Las tres leyes reformadas fueron aprobadas con 70 votos a favor por la aplanadora sandinista, las legislaciones no se sometieron a ningún debate, tampoco se propuso ninguna modificación a las leyes. 

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