Reelección indefinida nunca fue derecho, Ortega es inconstitucional, ilegal e ilegítimo

La doctora Claudia Paz y Paz, defensora de derechos humanos, exintegrante del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua; analizó la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que define que la reelección indefinida no es un derecho humano, por lo que consideró que Ortega está ilegalmente en el poder y como candidato perpetuo obteniendo resultados que le favorecen fraudulentamente.

La reelección presidencial que el dictador, Daniel Ortega, impuso desde 2011 con el “baypaseo” del artículo 47 de la Constitución Política de Nicaragua que prohibía optar al cargo de presidente al mandatario que estuviera de turno o que hubiera ejercido la presidencia en el período en que se efectuaba la elección para el siguiente período, ni el que hubiere ocupado por dos períodos presidenciales; es inconstitucional, ilegal e ilegitima.

Ortega no se conformó con derogar el texto de ese artículo constitucional, sino que en el año 2014 ordenó la reforma a la Carta Magna en la que permitió no solo la reelección de su puesto, sino la de otros funcionarios y de manera indefinida.

Pero la reelección indefinida no es un derecho humano, estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo órgano de justicia a nivel continental y del que Nicaragua es parte. Para la defensora de derechos humanos y exintegrante del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua; la reciente declaración de esa dependencia es clara en decir que ningún gobernante tiene el derecho de reelegirse indefinidamente, pues vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, en especial, el de sus opositores.

“Me parece que es una decisión y opinión que emite la Corte, muy importante, dado a que varios presidentes de la región quieren establecer la reelección indefinida, uno, la reelección indefinida no es un derecho humano, porque no está reconocido ni en el texto de la declaración de la Convención de Derechos Humanos, la Corte razona que la reelección indefinida, lo que promueve es la instalación de políticas, prácticas o ideologías que van en detrimento de las mayorías”, sostuvo Paz.

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Ortega es ilegítimo 

Tras valerse del supuesto respaldo de la ciudadanía, quienes según el, le pedían la continuidad del proyecto impulsadopor el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega ha pretendido perpetuarse en el poder aduciendo que es el candidato “ideal” para sacar a los nicaragüenses de sus problemas. Sin embargo, las elecciones en donde ha resultado como ganador, son consideradas de fraudulentas.

Para la doctora Paz y Paz, el reelegirse en el cargo de presidente de un país, atenta contra los derechos de las mayorías, los que quieren y piden cambios democráticos.

La también directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sostiene que tras la declaración de la Corte IDH, Ortega carece de legitimidad y se ha mantenido en el poder sin derecho y violentando el derecho a los nicaragüenses.

“No hay un derecho humano a la reelección indefinida, no es derecho humano desde ahora ni desde antes; podíamos considerar que Ortega es ilegal en el poder”, relató.

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Corte Suprema de Justicia debería declarar ilegítimo a Ortega

Como una de las medidas que deberían de tomar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, Paz y Paz manifiesta que tienen que declarar ilegal a Ortega en el poder, pues ha vulnerado el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes.

Por otro lado, refirió que en Nicaragua no hay división de poderes como parte del mismo fenómeno de reelegirse indefinidamente, pues los gobernantes poco a poco se van haciendo de todos los Poderes del Estado, hasta controlar completamente el sistema, para perpetuarse en el Poder.

“En Nicaragua no hay separación de poderes, la Corte IDH señala que uno de los efectos perversos de la reelección indefinida es la falta de independencia de Poderes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debería actuar de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos; la reelección no es un derecho, ahora que la Corte ha emitido esta opinión, creo que no se podría alegar que la reelección es un derecho humano”, manifestó

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Nicaragüenses pueden acudir a la Corte a denunciar violaciones a sus derechos

Al concluir, Paz y Paz resaltó que las consecuencias de la reelección indefinida de Ortega en el poder, ha deteriorado gravemente la institucionalidad del país, provocando violaciones a los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, la exfiscal General y exjefa del Ministerio Público de Guatemala, aseveró que las violaciones a las libertades cometidas por la dictadura, pueden ser elevadas ante la Corte IDH; para iniciar un debido proceso internacional en el que determinen las responsabilidades del Estado en delitos que atentan contra los civiles; en especial, contra aquellos que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad.

“Si en Nicaragua cualquier persona que estime que sus derechos humanos han sido vulnerados antes y e el futuro por una reelección indefinida, puede acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos…. la detención arbitraria de los precandidatos opositores, estas elecciones están muy alejadas de la legalidad, esta infringiendo todos los parámetros internacionales; ¿Cuales son los efectos de elecciones en estas condiciones? No tiene legitimidad mínima la permanencia en el Poder a Daniel Ortega”, dijo.

Paz y Paz, indicó que desde su cargo dentro del CEJIL, seguirán utilizando todas las herramientas jurídicas para presionar por un cambio democrático que encamine a Nicaragua por la vía democrática y la resolución de los problemas generados desde la reelección del dictador nicaragüense.

La defensora de Derechos Humanos junto a otros miembros del GIEI, en su visita por Nicaragua durante las protestas antigubernamentales en contra del dictado Ortega y su mujer, Rosario Murillo, determinaron que desde el Estado se habían cometido crímenes de lesa humanidad sobre ciudadanos civiles desarmados que exigían justicia y democracia en las calles, a los que el Frente Sandinista ordenó reprimir a sangre y fuego, asesinando a más de 325 personas y encarcelando a más de 1,000 presos políticos. 

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