ONU pide reformas electorales

Un informe de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Nicaragua, publicado hoy por ese organismo, pidió a la dictadura de Daniel Ortega “adoptar urgentemente reformas electorales efectivas que garanticen elecciones libres, justas y transparentes” en noviembre próximo.

El informe en el que se evalúa la situación de Nicaragua desde abril de 2018, invita al régimen a promover un “diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la oposición, poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno.

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También piden modificar la Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial 1042 sobre Ciberdelitos y la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos

Además, piden la participación efectiva de las personas afectadas, incluyendo a las mujeres, a los pueblos indígenas y afrodescendientes, en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas relacionados con la recuperación de la COVID-19 y de los huracanes Eta e Iota.

Lamentaron que casi tres años después del estallido de las protestas sociales en Nicaragua, el Gobierno no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018. “La impunidad ha provocado la reiteración de violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH y otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos”.

Dijeron que la falta de independencia del poder judicial y de la institución nacional de derechos humanos, y la continua reducción del espacio cívico obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas, incluso con respecto a la respuesta del Gobierno a la pandemia de COVID-19 y a las elecciones de 2021.

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Alertaron que la postergación de las reformas electorales y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de leyes que socavan el ejercicio de los derechos civiles y políticos “no serán conducentes a un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en 2021”.

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