Ortega busca nuevo «amarre» con gran capital y remedo de reformas electorales

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En una entrevista al medio de comunicación VosTV, propiedad de la familia de Carlos Pellas, en empresario más sobresaliente de Nicaragua; Bayardo Arce, asesor del dictador Daniel Ortega para asuntos económicos confesó que el régimen sandinista espera para 2021 retomar las platicas con el gran capital para la reactivación económica, sumado a esto, se harán reformas a la Ley Electoral pero con partidos acreditados en el país. También dijo que los que piden sanciones no deben participar en las elecciones del próximo año.

El asesor del dictador Daniel Ortega para asuntos económicos de Nicaragua, Bayardo Arce, luego de dos años de no brindar entrevistas a medios de comunicación ante la caída en el Producto Interno Bruto del país como consecuencia de la crisis sociopolítica, apareció en en canal VosTV, propiedad de la familia de Carlos Pellas, el empresario más representativo del gran capital nacional.

Arce Castaño, quien es mano derecha de Daniel Ortega en el sector económico, dijo durante la entrevista de casi media hora que, el dictador Daniel Ortega espera retomar las conversaciones y negociaciones con el gran capital de Nicaragua, para abordar el tema de la generación de empleos y crecimiento económico.

En cuanto an ámbito político, Arce dijo que para el 2021, se harán reformas electorales con los partidos políticos acreditados en el país, excluyendo a los movimientos de oposición emergentes luego de las protestas sociales de abril de 2018, aun cuando la comunidad internacional ha pedido al régimen sandinista hacer reformas electorales incluyentes, donde participen todos los sectores en el país.

Ortega busca premiar a empresarios y a colaboracionistas políticos 

Para José Pallaís, asesor de la Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN), dentro de la Coalición Nacional (CN), la técnica de Daniel Ortega es premiar a los sectores con los que ha negociado todo el tiempo, entre los que incluye el gran capital, socios del régimen durante más de 13 años y los partidos políticos colaboracionistas, conocidos como «zancudos».

Según Pallaís, el que vaya a negociar con Ortega, sean empresarios políticos o partidos zancudos, estarían expuestos a ser sancionados y ser calificados como cómplices de la degradación del estado de derecho en Nicaragua

“Los que posiblemente negocien con Ortega, deben estar claros de las consecuencias que esto traería, ya que serían parte del deterioro del estado de derecho y la represión en Nicaragua”, dijo a Café con Voz el Dr. Pallaís.

En cuanto a las reformas electorales, Pallaís analizó que a mayo de 2021, será muy tarde hacer cambios en el sistema, debido a que las elecciones generales están programadas a menos de un año, sumado al proceso de la depuración del padrón electoral, cosas que no se hacen en pocos meses.

Economía respira pero no por mucho tiempo

Según las declaraciones de Bayardo Arce a VosTV, para el cierre de este 2020, Nicaragua crecerá 0.5 % económicamente, sin embargo, economistas independientes mantienen que al finalizar este año, Nicaragua decrecerá cerca del tres porciento, esto porque no se han reactivado económicamente  el sector de turismo, uno de los principales motores de generación de divisas en este país.

No obstante, luego de las afectaciones que ha provocado la pandemia del Covid-19 en Nicaragua y las catástrofes por los huracanes Eta e Iota, la comunidad internacional ha desembolsado más de 1,300 millones de dólares, que a juicio de Pallaís, si darán un respiro a la economía nacional.

No obstante, el analista político  recuerda que Nicaragua pudo optar a ese financiamiento por la emergencia provocada por la pandemia y por desastres naturales, y que el país sigue siendo afectado en recibir más financiamiento debido a la represión desatada por Ortega contra oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.

Asimismo Pallaís aseguró que no habrá crecimiento en sector turismo, el cual sigue estancado con las decisiones políticas. «La inversión extranjera no va a crecer, debido a la desconfianza que el régimen sandinista fomenta», dijo.

Leyes represoras aprobadas en 2020 deja las puertas abiertas para que Ortega negocie libremente con sus “opositores”

Para el también jurista, luego de la aprobación del combo de leyes represivas durante 2020, que comprenden la Ley de Regulación de los Agentes Extranjeros, que sataniza a los organismos no gubernamentales y personas que reciban dinero del extranjero, más la Ley Especial de Ciberdelitos, «Ley Mordaza» que criminaliza la labor de los periodistas independientes y población en general que haga uso de los espacios digitales para denunciar corrupción y la reforma constitucional para aprobar la cadena perpetua en Nicaragua, Ortega tiene el camino libre para negociar con quienes él quiera.

A esto se ha sumado la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para La Paz, que inhibe a opositores que pidan, promuevan y aplaudan sanciones en contra de funcionarios del régimen sandinista, de participar en elecciones a cargos públicos.

No obstante, la Coalición Nacional, movimiento de oposición de Nicaragua, dijo que seguirá luchando por la libertad y respeto de los derechos humanos de Nicaragua.

“El pueblo organizado seguirá luchando por nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, no se correrá al ruido de los caites, no claudicará, no nos rendiremos y no nos doblegarán. No acataremos ley aberrante alguna. La dictadura, con una telaraña de leyes, todas transgresoras del orden legal, complementa las medidas de facto de represión y restricción de las garantías constitucionales que ha desarrollado”, dice el comunicado de la CN.

Pretende hacer fraude

La CN también denunció, mediante su comunicado, que el régimen sandinista “pretende cerrar todo espacio democrático a la ciudadanía y desde ya, establece al descaro las bases para el fraude institucional de cara a las elecciones nacionales programadas para noviembre de 2021. Comete fraude al perseguir y acusar a los ciudadanos como agentes extranjeros, al implementar la ley del bozal, amenazar con cadena perpetua a los que piensen diferente y ahora se arroga el derecho a decidir la inhibición de los derechos políticos de la mayoría de los nicaragüenses”.

Asimismo expresaron que de no hacerse cambios en la Ley Electoral, “el pueblo no reconocerá los resultados de una nueva farsa, señalará a los cómplices y desde ahora solicita a la comunidad internacional desconozca igualmente la elección que no se ajuste a las garantías democráticas propias de los estándares internacionales y carezca de las reformas electorales indispensables recomendadas por la OEA”.

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