Quien hace la ley hace la trampa / Guillermo Belt

Derechos Humanos Guillemo Belt

Por Guillermo Belt | La premisa aparece de entrada, en el título de la resolución aprobada por 20 países miembros de la OEA en la sesión de la Asamblea General celebrada los días 20 y 21 de este mes: el respeto de los derechos humanos en Nicaragua se restablece mediante elecciones libres y justas.

No es así, y la OEA lo sabe. La observancia de los derechos humanos es una obligación del Estado de Nicaragua, como lo es de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, y no depende en forma alguna de la celebración de elecciones.

Tampoco depende de elecciones el restablecimiento de las instituciones democráticas, la otra afirmación falsa que figura en el titulo de esta resolución. El régimen violador de los derechos humanos, condenado como tal por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y culpable de crímenes de lesa humanidad, ampliamente documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, está obligado a cumplir con lo que dispone el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

En sus cinco párrafos resolutivos se elabora la trampa tendida al pueblo nicaragüense, a ese pueblo que en abril de 2018 expresó masivamente y de manera inequívoca su rechazo a continuar bajo el régimen que días después del 18 de ese mes comenzó a matar a ciudadanos desarmados con disparos de fusiles de guerra apuntados a la cabeza, el cuello y el tórax.

Trampa, digo, porque toda la palabrería de la resolución de la Asamblea General va encaminada a un solo objetivo, largamente acariciado por el Secretario General de la OEA: revivir aquel memorando de entendimiento, de aquella misión mal llamada de acompañamiento electoral, de triste memoria en Nicaragua entre los opositores verdaderos – que los hay y los hubo en aquel entonces.

Desechado el tema de los derechos humanos, relevado administrativamente y sin derecho a la defensa el Director Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao, queda libre el camino para que el actor principal en este drama pase a ser el Secretario General, facultado por la Asamblea General para apoyar “negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral …”, y van los puntos suspensivos para no cansar al lector.

A los 20 países que aprobaron esta resolución les basta con reformas al sistema electoral para declarar en su día que las elecciones en 2021 fueron libres y justas. O sea, que elecciones bajo un estado de sitio no declarado oficialmente, pero muy evidente y real, serán válidas siempre que, entre otras cosas, haya una “una observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.”

En otras palabras, aunque la dictadura siga matando, como lo viene haciendo casi a diario; aunque continúen presas más de cien personas por el solo hecho de oponerse al régimen; aunque bandas de paramilitares asedien a mujeres y hombres indefensos, a plena luz del día y a la vista de la policía; aunque sigan en el exilio, sin poder regresar al país ni ejercer su derecho al voto en el extranjero, cientos de miles de ciudadanos, habrá elecciones, y serán libres y justas porque así lo declarará, no el pueblo nicaragüense sino que la observación electoral, la de los consabidos tres adjetivos.

Trampa, y no muy disimulada que se diga. Así la ve ya el noble y valiente pueblo de Nicaragua. Prueba al canto.

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