Sancionados por EU Ana Julia Guido, Paul Oquist y Caruna

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó hoy una lista de sancionados en la que están la Fiscal general de la república Ana Julia Guido, Paul Oquist Kelley,  secretario privado para Políticas Nacionales del dictador Daniel Ortega y a la entidad financiera CARUNA, por complicidad con la dictadura sandinista, violación a los derechos humanos y corrupción.

Nuevamente funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron sancionados a través del Departamento del Tesoro. Esta vez se tratan de la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, Paul Oquist Kelley, secretario privado para políticas nacionales de la dictadura; y a la Caja Rural Nacional, esta última, implicada por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, Banco Corporativo, SA (Bancorp), una entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.

“Hoy, Estados Unidos sancionó a Ana Julia Guido, Paul Oquist y Caruna Savings and Loan. Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Ortega para que cese la represión, respete los derechos humanos y restaure la democracia en Nicaragua” publicó en su cuenta en twitter Myke Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos.

El secretario privado del dictador Ortega ha defendido férreamente a nivel internacional al régimen sandinista, a pesar de haber informes de organismos internacionales que revelan que la dictadura sandinista ha cometido delitos de lesa humanidad.

Los informes alegan que Ana Julia Guido, Fiscal General de la República, “formó un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional designada para fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes, la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los presos detenidos por protestar pacíficamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, Nicaragua en 2019

En cuanto a la sanción contra la Caja Rural Nacional (CARUNA S.A) es catalogado como un banco paraestatal que servia como lavado de dinero de la cooperación venezolana, cuyos fondos totalizaron 4.820,8 millones de dólares.

Caruna ha servido como herramienta para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desvíe dinero del ALBA de Nicaragua, SA (Albanisa) $ 2.4 mil millones en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso económico para mantenerse en el poder y pagar una red de mecenazgo. Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron de estas transferencias. Los funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, se están aprovechando de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en propiedades y proteger sus ganancias mal habidas», indica el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Para el economista Luis Gustavo Murillo, decano de la facultad de economía de la Universidad Centroaméricana, las sanciones contra Caruna son “un fuerte golpe” al régimen sandinista.

«La sanción para Caruna significa la inmovilización de hacer transacciones a nivel internacional y seguir siendo un mecanismo de lavado de dinero, lo que significa que los recursos se tendrían que quedar en Nicaragua» manifestó el economista.

Para el politólogo Bosco Matamoros, Caruna pierde toda su capacidad de funcionar y tener relaciones con el sistema financiero nacional.

«Ninguna entidad financiera nicaragüense va a cometer la osadía de tener relaciones con Caruna, a partir de estas sanciones… Esto complica tremendamente la actividad de esa financiera, han tocado el corazón financiero del Gobierno» expresó Matamoros.

Sanciones y sus consecuencias

Entre las consecuencias de las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, todas las propiedades de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

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