Ortega avanza hacia la “cubanización” de Nicaragua

agentes extranjeros

La dictadura de Daniel Ortega, ordenó a sus diputados en el Parlamento, presentar una iniciativa de ley por medio de la cual buscan convertir en “agentes extranjeros” a los nicaragüenses que brinden sus servicios a agencias de cooperación y además de esto controlar absolutamente las finanzas de esos organismos.

La iniciativa firmada por los diputados de Ortega se denomina “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, la cual fundamentan en la necesidad de establecer el Marco Jurídico, para aquellos nicaragüenses “que respondan a intereses y financiamiento extranjero”; y que usen los fondos para fines que a juicio de la dictadura pongan en riesgo la seguridad del Estado.

Migob con amplios poderes y a quienes alcanza

La propuesta otorga poderes extremos al Ministerio de Gobernación (Migob) para supervisar a toda entidad que caiga en el rango de “agente extranjero” y que su trabajo sea considerado como peligroso por estarse involucrando en asunto de política interna.

La iniciativa indica que son sujetos a la misma, todos los sujetos obligados, excepto los pensionados que reciban su dinero bajo ese concepto y las remesas familiares provenientes del exterior; y empresas productivas y comerciales, que desempeñen actividades estrictamente económicas, comerciales o de inversión extranjera.

“La organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que dentro de Nicaragua perciban fondos, bienes o cualquier otro objeto de valor, provenientes directa o indirectamente de gobiernos, agencias o fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras, del tipo o naturaleza que sean, están obligadas a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros, establecidos en la presente ley”, dice el texto.

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Añade que también deben inscribirse las personas que dentro de Nicaragua, funjan como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información, consultores, para o en interés de gobiernos, fundaciones, empresas o asociaciones extranjeras que soliciten, cobren, desembolsen o empleen de cualquier manera, fondos de gobiernos extranjeros.

La iniciativa indica que será al Ministerio de Gobernación, que se deberá presentar de previo cualquier oferta que el organismo extranjero pretenda hacer llegar al país.

Indica que las donaciones que reciban las organizaciones, deberán usarse para el fin para el que se entregaron siempre bajo la supervisión del Migob y prohíbe las donaciones anónimas.

Busca descabezar todo lo que huela a oposición

“Las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros, deberán abstenerse so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones o actividades de índoles de política interna”, señala el documento.

Asimismo indica que tienen prohibido financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento o partido político, coaliciones o alianzas políticas, que desarrollen actividades de políticas internas en Nicaragua.

“Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, advierte la iniciativa que indica que quienes deban inscribirse como “agentes extranjeros” tendrán 60 días después de la aprobación de la ley para hacerlo.

Los efectos

Un jurista consultado por Café con Voz dijo que al aprobarse la ley: “Eso significa que estaría sumamente difícil recibir contribución del extranjero para la campaña del 2021, mayor control y vigilancia del régimen sobre todo aquel que ellos crean financia al supuesto ´golpismó. Es un paso para la cubanización”.

Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, Nunca Más, dijo que se trata de una nueva inconstitucionalidad, debido a que tiene una disposición inhibitoria contra cualquier persona que sea encasillada en esa eventual ley.

“Ahora los nicaragüenses pasan a ser agentes extranjeros, pretenden aplastar cualquier organización cuyos fondos procedan del extranjero, sin fundamento constitucional”, dijo Carrión.

Añadió que lo que está a la vista “es la demostración extrema de esa máxima de que las dictaduras no atienden razones ni a derecho alguno y evidencian que su estado de terror no termina con la legítima rebelión frente a la tiranía y la opresión”.

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