La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el lunes que el régimen de Daniel Ortega perpetúa la impunidad y no cede en las violaciones de los derechos humanos.
En su actualización oral sobre Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet dijo:
«Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018».
Añadió que durante este período, la Oacnudh ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico.
“También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida, como el homicidio de un hombre a manos de un elemento armado progubernamental, el 19 de julio en La Trinidad, Estelí”, señaló.
Los paramilitares y la Ley de Amnistía
Fue en base a esto último que recordó la importancia de la recomendación en su informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados paramilitares.
“Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
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Asimismo Bachelet, dijo que según organizaciones de la sociedad civil, 94 personas percibidas como opositoras al Gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud.
“Exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”, indicó.
Efectos de la COVID-19
Además, Bachelet expresó que la pandemia de la COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha proyectado una contracción de 8.3% en la economía del país este año, con aumentos de los índices de pobreza en alrededor del 5%, y del desempleo. “La respuesta estatal, que ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico, requiere mayor transparencia y difusión de la información”, indicó.
A la vez la titular de la Oacnudh informó que organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo período el año pasado. Además, se han documentado 68 tentativas de feminicidio, en comparación con 52 en el mismo período en 2019.
La sordera de Ortega
Por otro lado, aseguró Bachelet, “la mayoría de las recomendaciones que formulé en mi informe de septiembre de 2019, incluyendo aquellas en materia de reformas electorales e institucionales, aún no han sido implementadas, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones”.
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Y es por ello que instó nuevamente al Gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021. “Le insto también reanudar una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo”, concluyó.