Nicaragua COVID-19

Managua, 19 ago (EFE).- Antes de la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Nicaragua, en marzo pasado, el país centroamericano vivía una profunda crisis sociopolítica y económica que diversos sectores llamaban a resolver con urgencia, sin embargo estos han pasado a un segundo plano sin ser resueltos.

La situación de los presos políticos, las reformas electorales, la crisis de derechos humanos, la economía y la seguridad ciudadana, parecen haber perdido notoriedad en medio de la pandemia.

El analista político Eliseo Núñez dijo a Efe que esos temas posiblemente no sean resueltos en el corto plazo, pero para el investigador y sociólogo Manuel Ortega Hegg podrían saltar en el momento en que se presenten las condiciones, tanto para el presidente Daniel Ortega, como para la oposición.

Presos políticos

Según el grupo independiente Monitoreo Azul y Blanco, al menos 96 personas guardan prisión en calidad de presos políticos, en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018.

«El tema de los presos políticos ha perdido fuerza en medio de la pandemia, y eso hace que el régimen pretenda aumentar la cantidad», admitió Núñez.

Para Ortega Hegg, ese tema sigue latente, porque, argumentó, «no hay que olvidar que el lugar de la política en Nicaragua, desde abril de 2018, ha sido la calle, las manifestaciones callejeras», y en cualquier momento se puede retomar.

Derechos humanos

Organizaciones no gubernamentales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) han denunciado que los derechos garantizados por la Constitución son irrespetados «sistemáticamente» por el Gobierno, a pesar de que la «represión» y la pandemia han mermado la capacidad de protesta.

«El actuar de la oposición ha perdido la capacidad de protestar y evidenciar lo que ocurre en Nicaragua, a causa de la pandemia, los derechos humanos y las libertades se siguen violando», apuntó Núñez.

«Esos temas, de hecho, siguen latentes, no han desaparecido, ni pasaron a segundo plano, pero hay dos factores que no han permitido que se coloquen en la prioridad de la agenda: la represión, por un lado, y la pandemia, por el otro, ha hecho que sean temas difíciles de abordar, explicó el sociólogo.

Reformas electorales

En enero pasado la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, anunció reformas electorales de cara a los comicios de noviembre de 2021, uno de los mayores reclamos de los opositores, sin embargo hasta ahora no ha tomado en cuenta las propuestas opositoras.

«Ortega, cuando vio la COVID-19, y la posibilidades que Donald Trump no salga reelegido presidente, prefirió esperar a las elecciones de Estados Unidos. No espero ver movimientos estratégicos de Ortega, sino hasta que terminen las elecciones estadounidenses», indicó Núñez.

«La preocupación fundamental del Gobierno es mantenerse en el poder, y quiere abordarlos cuando considere que tiene las condiciones, mientras tanto me parece que su posición es no abordarlos, aunque los temas están latentes y siga vigente», subrayó Ortega Hegg.

Crisis económica

Desde el estallido sociopolítico de 2018 la economía de Nicaragua ha caído en picada, y no es un tema de discusión. Ese año el Producto Interno Bruto (PIB) decreció 4 %, en 2019 el retroceso fue de 3.9 %, y aunque al inicio del 2020 el Banco Central esperaba una pequeña recuperación del 0.5 %, al final prevé una desaceleración de entre el 4.0 % y 4.5 %, en Nicaragua producto de la COVID-19.

«La crisis económica, con el COVID-19, vino a profundizarse. A pesar de que estos temas han pasado a segundo plano está claro de que no van a ser resueltos en el corto plazo», sostuvo el analista.

«Esos temas han estado ahí, lo que pasa es que no ha habido oportunidad de que sean más visibles, están como a la sombra, latentes», observó el sociólogo.

Seguridad ciudadana

Desde julio pasado, cuando el Gobierno excarceló a 1,605 reos con condenas firmes por diferentes delitos, en el marco del aniversario 41 de la revolución de Nicaragua, máxima fiesta sandinista, se desató una ola de violencia de la que organismos humanitarios han responsabilizado al Gobierno, que ha mandado a sus casas a 6,120 convictos en lo que va de 2020.

«La crisis económica, más la liberación de presos comunes, termina generándote este tipo de delincuencia, porque el problema económico persiste y no va a mejorar de inmediato», anotó Núñez.

Para Ortega Hegg, la clave está en que la oposición logre «mantener en agenda esos temas que permanecen latentes», algo que no ha mostrado «en medio de estas condiciones difíciles de represión».

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