Senadores pidieron sanciones para magistrados, jueces y fiscales del régimen

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Senadores de Estados Unidos pidieron sanciones para servidores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía.

Los senadores estadounidenses pidieron sanciones al Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; y pusieron en la mira de las próximas sanciones a jueces, magistrados y fiscales. 

La carta fechada 28 de mayo y firmada por siete senadores, está dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven T. Munich, y en la misma piden sanciones a miembros del Poder Judicial y la Fiscalía por estar «directa o indirectamente involucrados en violaciones graves de los derechos humanos».

Son “brazo político” de Ortega y Murillo


«La mayoría del poder judicial nicaragüense actúa como un brazo político del régimen de Ortega-Murillo y es cómplice de la represión y preservación del poder del régimen» argumentaron los senadores Ted Cruz, Marco Rubio, James E. Risch, Christopher S. Murphy, Benjamin L. Cardin, David A. Perdue, James Lankford.

Asimismo agregan que «la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del Frente Sandinista, han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados pro-gubernamentales y Policía nacional contra los manifestantes». 

Todos ellos estiman que el poder judicial y fiscalía actúan como un «brazo político» del régimen.

La solicitud se da a una semana de que la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro, sancionó al jefe del Ejército Sandinista, Julio César Avilés y al ministro de Hacienda de la dictadura sandinista, Iván Acosta, por violación de derechos humanos y corrupción. Los senadores aplaudieron esa decisión. 

Hay suficientes pruebas

Los legisladores aseguraron que hay pruebas contra los señalados y que han sido aportadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos  y piden utilizar las herramientas de la Ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua, conocida como la Nica Act y la orden ejecutiva 13851 para sancionar a los miembros del poder judicial y fiscalía. 

«Creemos que nuestra política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua. En este caso, es importante que los miembros del poder judicial nicaragüense entiendan que, a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará y rendirá cuentas por sus acciones» indicaron los senadores.

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