Las distintas Organizaciones No Gubernamentales de Nicaragua tienen hasta hoy como plazo para que se presenten al Ministerio de Gobernación para cumplir con la exigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros «Ley Putin», que pretende acallar a la sociedad civil y a organismos que denuncian los constantes abusos y violaciones de derechos humanos en el país.
Ya dos ONGs, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y PEN Nicaragua, las que han anunciado que no se someterán a dicha obligación, porque vulnera muchos derechos humanos y civiles. Mientras que el organismo Ética y Transparencia anunció que no se registrará porque recibe solo donaciones de nacionales y la Comisión Permanente de Derechos Humanos intenta todavía hoy registrarse, aunque las autoridades se niegan a recibirle los documentos.
Fundación Violeta Barrios no se someterá a Ley Putin y suspende funciones
Cristiana Chamorro, fundadora de la organización, dijo que “es un día de luto cívico para las organizaciones de la sociedad civil que no estamos dispuestas a declararnos agentes extranjeros que está asesinando a la sociedad civil. No podemos más que unirnos al rechazo nacional a esta normativa que intenta colocarse por encima de los derechos humanos y acuerdos internacionales de defensa de derechos humanos. Es una monstruosidad del sistema convertida en ley”.
Según los artículos de la ley, quienes sean señalados de ser agentes extranjeros, no podrán realizar movimientos de recursos o bienes materiales. La dictadura podrá intervenir los fondos que las organizaciones tengan en los bancos. También podrá prohibir, congelar, suspender e interrumpir por completo toda transferencia, traslado, traspaso, cambio, movimiento de activos o bienes materiales.
Por su parte, las entidades bancarias y empresas de remesas estarán obligadas a congelar el dinero. Se les prohibirá a las organizaciones hacer proselitismo político y el agente extranjero prácticamente se convertiría en un empleado del Ministerio de Gobernación porque todo el tiempo deberá pasarle todo tipo de información del organismo.
La dictadura podrá intervenir también en cualquier momento los locales de las organizaciones para obtener todo tipo de información.
Cierra el PEN Nicaragua por “Ley Putin”
Las sanciones por incumplimiento van desde los 300 dólares al medio millón de dólares y cierre de edificios. Si la dictadura presume la comisión de un delito, el Ministerio de Gobernación dará a conocer la información a las autoridades administrativas, investigativas de persecución penal y judicial que correspondan y las personas serán arrestadas, contrario a lo que establece el artículo 34 de la Constitución que establece la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley.