Marcos Carmona, director de la comisión permanente de derechos humanos, CPDH, denunció hoy que el Ministerio de Gobernación (Migob) obstaculiza los trámites para inscribirse legalmente bajo la nueva Ley Especial de Regulación Agentes Extranjeros aprobada recientemente por los diputados sandinistas, conocida como “Ley Putin”.
“Nosotros hemos cumplido en tiempo y forma todos los procedimientos. Sin embargo, hemos ido muchas veces y no nos quieren recibir la información ni firmar nuestros documentos. Todo lo están diciendo verbalmente y cada vez que nos piden una información y la completamos, después salen con otra información (requerimientos)”, dijo ante el Canal 12.
En la página web del Ministerio de Gobernación se ha colgado un aviso que “notifica a las personas naturales y jurídicas que actúen como Agentes Extranjeros y no han cumplido con la obligación de registrarse, deberán realizarlo en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contando a partir de la presente notificación” fechada el 29 de enero pasado. Es decir que las ONGs solo tienen esta semana para presentarse, de lo contrario “serán sancionadas conforme” a la ley.
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A juicio de Carmona esto lo hace el régimen para después argumentar que los organismos no están cumpliendo con los registros. Dijo que desde 2018, Gobernación no ha entregado a muchos Organismos No Gubernamentales, (ONGs), la certificación de cumplimiento de los informes.
“¿Cómo vamos a cumplir con algo que ellos no están facilitando?” se preguntó. “Nos están cuestionando informes del año 2014, 2015 y 2016 que fueron debidamente aprobados por ellos. Son tácticas dilatorias y están poniendo pelos en la sopa para ahogarnos”, afirmó el defensor de derechos humanos.
La Ley aprobada en octubre del año pasado, castiga con multas de hasta medio millón de dólares, cancelación de permisos a las personas, asociaciones, partidos, y organizaciones que no brinden informes de los fondos que reciben o incluso, procesos judiciales contra ellos.
Carmona dijo que con esta negativa de Gobernación, la dictadura está llevando a las ONGs al punto de imponerles multas millonarias o confiscarles los edificios. Afirmó que aunque esta ley es “inconstitucional”, han presentado los informes, pero se han encontrado con tantos obstáculos, que podrían recurrir de amparo.
Esta disposición tiene como fin inhibir a posibles candidatos presidenciales de la oposición y acallar a organismos que denuncias las recurrentes violaciones de derechos humanos en el país.
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