Los bancos privados de Nicaragua afirman que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pretende incitar al lavado de dinero, poner en riesgo el envío de remesas y complicar las transferencias internacionales de Nicaragua.
Así lo dice la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) en una carta enviada a la la Comisión Económica del Parlamento, en la cual rechazó de Ley de reforma y Adición a la Ley 842 «Ley de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias» ya que transgrede la libertad contractual entre los bancos y clientes.
La Comisión económica de Parlamento discute esta reforma para luego pasarla al plenario, que expertos afirman es presión del régimen para obligar a bancos a trabajar con sancionados.
Los riesgos claros
Asobanp, estima que la ley le impide «a los bancos que de manera libre elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, facultad que está en sus contratos y reglamentos los cuales son de conocimiento del cliente o usuario».
Agregan que los artículo 9, numeral 10 y 25, así como el artículo 54 y la adición al artículo 6, numeral 22 de la citada reforma a la ley, «violan el derecho constitucional a la libre empresa consignado al artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua y promueven prácticas que incitan el lavado de dinero, nos pone en riesgo como país de pasar de la lista gris en que nos encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar y recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos. Esto implica que Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global», advierte la Asobanp.
«Los bancos tienen relaciones internacionales como parte de su prestación de servicios al público, con corresponsales extranjeros y hacen posible el comercio internacional, sin los cuales el país no podría importar ni exportar bienes y servicios, ni recibir remesas del extranjero», insisten.
«Quieren obligar a bancos a trabajar con sancionados», dicen especialistas
«El objetivo que trae (esta reforma) es que a los sancionados se les devuelva sus cuentas (bancarias) para que puedan tener aquí (el dinero), a pesar de lo que establece el sistema financiero internacional», afirmó al diario La Prensa, José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en base al análisis de la propuesta legislativa.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Reino Unido han aplicado sanciones a un grupo de altos funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos y corrupción, en el contexto de la represión sangrienta que han dejado más de 300 asesinatos desde el estallido de las protestas sociales en abril del 2018. Entre ellos está la vicepresidenta designada Rosario Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el jefe de la PO, Francisco Díaz, el ministro de Hacienda; Iván Acosta, los diputados Gustavo Porras y Wálmaro Gutiérrez, entre otros del círculo de poder del régimen.
EE.UU. sancionó además a la Policía Sandinista, así como a las empresas manejadas por la familia Ortega y Murillo como son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., el Banco Corporativo S.A. (Bancorp), Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), empresas Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna). https://cafeconvoz.com/2021/01/29/normativa-de-ley-putin-impone-multas-de-hasta-medio-millon-de-dolares/
«Si insiste en aprobar esta reforma, el gobierno de Ortega creará un bloqueo al sistema financiero nicaragüense», afirmó por su lado Róger Arteaga, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).
Arteaga explicó que es bloqueo financiero se daría como consecuencia de que el GAFI coloque a Nicaragua en la lista negra de países que no cumplen las normas contra el lavado de dinero, por efecto de que la Ley de los Consumidores rompe las cadenas a los bancos locales en ese sentido.