Managua, 30 sep (EFE).- La Junta Directiva de la Asamblea Nacional envió a varias comisiones, incluida la de Asuntos Jurídicos, una iniciativa de Ley de Ciberdelitos, la cual plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado.
La iniciativa es presentada en el marco de una grave crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
Otras comisiones que recibieron la iniciativa, para consulta, fue la de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, y a la de Infraestructura y Servicios Públicos.
El empleado de la dictadura Gustavo Porras, quien dirige la Asamblea sandinista, dijo en el pleno que la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos será la encargada de presentar el dictamen de esa iniciativa, que será discutido en el plenario en una fecha aún no precisada.
¿INSTRUMENTO CONTRA OPOSICIÓN Y MEDIOS?
Ese proyecto, presentado por el grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha sido rechazada por organismos y por la oposición bajo el argumento de que el régimen que preside Daniel Ortega busca acallar y neutralizar a sus oponentes, a sus críticos y a la prensa independiente.
La iniciativa, según el texto, contempla 25 definiciones de ciberdelitos referidos al fraude informático, espionaje, violación a la seguridad, violación y hurto de los medios informáticos y manipulación de los mismos, transferencia de información pública, propagación de noticias falsas, entre otros.
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Sobre la propagación de las noticias falsas, la iniciativa establece: «Quien, usando las tecnologías de la información y de la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor o zozobra en la población, o en un grupo o sector de ella a una persona o familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión», y de 300 a 500 días de multa.
Si perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o familia, se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión, y de 150 a 300 días de multa; y si incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público o la seguridad soberana, se le impondrá pena de 3 a 5 años de prisión, y de 500 a 800 días de multa.
INTERVENDRÁN TELÉFONOS MÓVILES Y ORDENARES
Asimismo, la iniciativa autoriza a la Policía Nacional y al Ministerio Público, previa orden judicial, a que «puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos».
Según el proyecto, los procesos investigativos serán confidenciales «y se prevé cooperación internacional en materia de extradición y asistencia legal mutua».
Esa iniciativa se suma al proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que según la oposición, tiene como «objetivo acallar las voces que denuncien los atropellos» del Estado.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, también sandinista y que ha sido calificada como totalitaria por la oposición y juristas, busca proteger al país del injerencismo exterior, al controlar «a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero», según la iniciativa.
El proyecto de Ley de Ciberdelitos será revisada por las tres comisiones, antes de su discusión en el plenario, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.
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