La dictadura de Daniel Ortega, a través de sus verdugos judiciales, ordenó el pago de 120 días de multa a la periodista Kalua Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, por el caso de injurias y calumnias por el que la declararon culpable el 23 de septiembre.
La pena impuesta contra Kalua Salazar es la mínima y suma 7,684 córdobas, equivalentes a 220 dólares. La cifra se sacó de la suma de dos salarios mínimos de acuerdo a la ley laboral vigente.
“Obviamente que ese monto significa prácticamente algo más que un mes de salario y golpea más en la situación económica que estamos viviendo los medios de comunicación independientes y los periodistas”, reaccionó Salazar al hablar con Café con Voz.
Boanerges Fornos, abogado defensor de Kalua Salazar, dijo que nunca se probó la culpabilidad de la periodista y que apelarán la sentencia. Los acusadores piden una pena de entre 120 y 300 días de multa para Salazar, mientras su abogado pide sean solo 120.
Compromiso de informar sigue
“Pero eso no me detiene en mi labor y aunque me hubiesen puesto cien mil córdobas, no lo dejaría de hacer porque mi compromiso es con la población y conmigo misma”, añadió la jefa de prensa de La Costeñisima.
La dictadura declaró culpable de los delitos de injurias y calumnias a Kalua Salazar, quien fue acusada por exfuncionarias de la alcaldía de El Rama, señaladas por un ciudadano de cometer actos de corrupción.
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“Esto para mí en injusto, porque nosotros como medio de comunicación hemos abierto los micrófonos a muchas personas que quieren poner sus denuncias públicas y es lo que nos compete y en este caso, estas dos exfuncionarios de la alcaldía sandinista de El Rama, están demandándome a mí, dicen que yo las mencioné y eso no ocurrió”, dijo Kalua Salazar al salir del juzgado de Bluefields el pasado 23 de septiembre.
Hasta ahora se desconoce si radio La Costeñísima, recurrirá de amparo en contra de la sentencia de culpabilidad o aceptará la misma y por ende realizará el pago de la multa.
Las supuestas víctimas Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, son miembros del Frente Sandinista y el caso ha sido promovido en medios oficialistas. El caso se ha considerado un grave precedente en la criminalización del ejercicio periodístico de los medios independientes.
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