El dictador Daniel Ortega avanza en su decisión de volver a Nicaragua una gigantesca prisión aprobando leyes para criminalizar todo lo que suene molesto o incómodo a su régimen.
Este lunes ordenó a sus sirvientes del Parlamento presentar un anteproyecto de ley especial de ciberdelitos, cuyo objetivo real es perseguir directamente a los medios de comunicación independientes y controlar las redes sociales.
En los motivos de los empleados de Ortega en el Parlamento, señalan que la iniciativa tiene como fin la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de tecnologías de la información y la comunicación «en perjuicio de personas naturales o jurídicas» según el artículo 1 de la ley.
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Sin embargo, el artículo 30 de la iniciativa desnuda el objetivo real que persigue el tirano y su consorte: Los medios y las redes sociales.
“Quien usando las tecnologías de las información o comunicación, publique o difunda, información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella, o su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multas”, dice el artículo propuesto.
La sancionada vocera de la dictadura, Rosario Murillo, se ha encargado de tratar de descalificar el trabajo de los medios independientes que informan a la población, sobre las violaciones de derechos humanos y arbitrariedades de su régimen asegurando que lo que se divulga a través de ellos son “noticias falsas”.
En las últimas dos semanas, Ortega ha ordenado la elaboración de leyes para instaurar cadena perpetua para quienes cometan “crímenes de odio” haciendo énfasis en los nicaragüenses que lo adversan y que se disponen a seguir luchando en contra de su régimen.
También mandó a sus empleados a aprobar una ley de regulación de agentes extranjeros, con el fin de controlar los recursos de la cooperación a los organismos no gubernamentales y la sociedad civil.
En la nueva iniciativa que los empleados de Ortega en el Parlamento, justifican que esta ley es para la «protección a la seguridad soberana del Estado y se aplicará a quienes cometan los delitos previstos, dentro o fuera del territorio nacional».
La ley establece penas de 2 a 10 años de prisión dependiendo de las «agravantes» de quien cometa el ciberdelito que queda a discreción del régimen quien lo comete.
Irracionalidad y miedo
La presidenta Ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, reaccionó indicando que la nueva ley ordenada por Ortega, es una muestra más de la irracionalidad con la que actúan y del miedo que le tienen a la población nicaragüense que reclama cambios.
“Están aterrorizados y quien se siente así, usa todos los recursos perversos para tratar de intimidar y salvarse, porque saben que están perdidos”, dijo Núñez.
Agregó que “lo peor es que se trata de copias de lo que están haciendo (otras dictaduras) en otras, es decir, están copiando todo lo malo que se hace en otros países para imponerlo en Nicaragua”.
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