Managua, 22 sep (EFE).- El conglomerado de expertos nicaragüenses denominado Grupo Pro Reformas Electorales presentó este martes un consenso de cambios a la legislación nacional, alcanzado por nueve partidos y organizaciones opositoras para que, según ellos, Nicaragua «retorne a la democracia» por medio de elecciones «libres, justas, transparentes y observadas».
El consenso, compuesto por 12 reformas a la Ley Electoral y cuatro a la Constitución de Nicaragua, básicamente busca que los electores recuperen la confianza en el sistema de elecciones, y que el dictador Daniel Ortega y su consorte, Rosario Murillo, no encuentren resquicios legales para mantenerse como presidente y vicepresidenta del país.
De esta manera, los opositores acordaron la necesidad de realizar cambio de personal en el Consejo Supremo Electoral «en todos los niveles», así como la de celebrar elecciones con «presencia irrestricta de observadores nacionales e internacionales independientes» para restablecer «la transparencia y garantías electorales», explicó el constitucionalista Gabriel Álvarez durante la presentación del consenso.
Asimismo, acordaron que debe crearse un único padrón electoral, otorgar cédula de identidad a todos los ciudadanos, permitir el voto de la diáspora y emitir los resultados parciales y totales de las elecciones en tiempo real, con reglas claras para reclamos.
Los opositores se pusieron de acuerdo en tener una «competencia electoral integral, plural y equitativa», con condiciones flexibles para los partidos políticos u organizaciones sociales que quieran participar en los comicios.
RESTABLECIMIENTOS
Asimismo, acordaron restablecer el umbral electoral en el 50% más uno, o ir a segunda vuelta, eliminar las llamadas «diputaciones regaladas» para el segundo candidato presidencial más votado y al presidente saliente.
Además, consensuaron «la no reelección para el presidente y vicepresidente, y la inhibición del cónyuge para eliminar el nepotismo».
Adicionalmente, resolvieron que se anticipen las elecciones de las regiones autónomas del Caribe, para que coincidan con las nacionales, con garantía de respeto a su organización y resultados.
La presentación del consenso incluyó una exigencia a Ortega: «Que cumpla con sus obligaciones y reactive las relaciones con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para contar con apoyo técnico electoral, así como la incorporación de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de observación electoral, como la Unión Europea y la OEA».
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La propuesta de reformas fue firmada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino Nicaragüense, el Partido Restauración Democrática (PRD), la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), el partido indígena Yatama, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional y el sector joven del Movimiento Campesino.
Sobre la posibilidad de que Ortega acepte las reformas, la dirigente de la Unidad Nacional, Violeta Granera, reconoció que el presidente «no va a regalar nada, lo único que regala son balas, pero vamos a defender, promover y pelear estas reformas».
Las reformas a la Constitución deben ser aprobadas por dos tercios de los diputados, en dos legislaturas, facultad que en la actualidad solamente tiene el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Nicaragua, que tiene elecciones previstas para el 7 de noviembre de 2021, vive una profunda crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando manifestaciones multitudinarias contra el régimen fueron controladas con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio.
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