Washington, 28 ago (EFE).- La organización de derechos humanos Human Rights Watch reprobó este viernes la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no renovar el mandato del responsable ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
«Los Estados Miembros de la OEA deben condenar categóricamente el rechazo unilateral del secretario general Luis Almagro al candidato que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó como su secretario ejecutivo», instó Human Rights Watch en un comunicado.
El lunes pasado, la CIDH, órgano autónomo de la OEA, reveló la decisión del uruguayo Almagro de «abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato de su secretario ejecutivo», en referencia al brasileño Abrao, que desempeña el cargo desde agosto de 2016.
La Comisión reaccionó con su «más enérgica protesta», alarmada ante lo que considera un «grave embate contra su independencia y autonomía». En enero de este año, el organismo de derechos humanos había decidido por unanimidad renovar el mandato de Abrao para el periodo 2020-2024.
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Almagro lo atribuyó entonces a la existencia de «decenas de denuncias» contra Abrao por parte de funcionarios del organismo, algunas de ellas de carácter supuestamente grave, aunque no se daba a conocer el contenido.
La decisión de «obstaculizar» el nombramiento por la CIDH de su secretario ejecutivo va contra una práctica de 20 años de la OEA y «socava la autonomía de la Comisión», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
«También atenta —añadió— contra la credibilidad de la Comisión como órgano independiente, y pone en riesgo su función crucial de velar por los derechos fundamentales y las libertades públicas en las Américas sin injerencia política».
Según HRW, el secretario general de la OEA está obligado a observar la Carta de la OEA, la cual establece que la comisión es un órgano permanente y «autónomo», que funciona en igualdad de condiciones con la Secretaría General, y «no supeditada» a su control.
«Todo señalamiento grave sobre presuntas conductas indebidas que pudieran afectar a la CIDH debe ser debidamente investigado de manera exhaustiva e imparcial», comentó Vivanco.
Sin embargo, usar una investigación administrativa supuestamente en curso como «pretexto para socavar la autonomía y la credibilidad» de la CIDH es una «amenaza» a una institución que ha hecho enormes aportes para velar por los derechos humanos, desde la protección de la libertad de expresión hasta la protección de minorías y la lucha contra la impunidad.