Managua, 26 ago (EFE).- Una vendedora ambulante ocultó en Managua un rollo de banderas de Nicaragua luego de conocer que, a 300 kilómetros, otra comerciante fue detenida por ofrecer el símbolo nacional en su tienda, un suceso calificado por opositores y activistas como «criminalización de los símbolos patrios» por parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según la vendedora ambulante de Managua, este año fueron pocos los comerciantes que se arriesgaron a vender la bandera nacional para aprovechar el «mes patrio», septiembre, que es cuando Centroamérica conmemora su independencia de la corona española, pero luego del suceso en el municipio de San Carlos, cerca de la frontera con Costa Rica, decidieron ocultar la mercancía para evitar que la Policía los lleve a prisión.
La decisión de los vendedores llegó luego de que se hizo viral un video en el que se observa cómo la comerciante Tania González, dueña de una ferretería en San Carlos es sacada por la fuerza de su negocio, mientras se aferraba a las banderas.
«Miren cómo me llevan por vender banderas. ¡Qué ridículo! Aquí llevo la droga, miren: banderas. ¡Patria libre!», gritó la mujer, en el momento de ser arrestada por al menos ocho agentes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) describió y condenó «el abuso de autoridad y la brutalidad con que la Policía actuó en contra de la mujer, violentando su integridad personal al ofenderla, arrastrarla y lanzarla a la patrulla (camioneta policial)…, tras allanamiento arbitrario por vender banderas».
Norma policial
Escenas similares ya habían ocurrido desde las protestas contra el presidente Daniel Ortega que estallaron en abril de 2018, con el tiempo desaparecieron, ya que pocos se atreven a alzar la bandera nacional sin el permiso expreso del FSLN, a sabiendas de que pueden ir a la cárcel, recordó la integrante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco Ivania Álvarez.
«En estos casi 29 meses de resistencia vimos cómo fueron secuestrados por la Policía Nacional gente que llevaba banderas, sombreritos, o lazos azul y blanco. Un profesor de Camoapa (centro) no logró caminar más de 100 metros con la bandera de Nicaragua al hombro. Es la criminalización de los símbolos patrios», dijo a Efe Álvarez.
Los casos coinciden con el del comerciante Luis Enrique Cuevas Poveda, quien en noviembre de 2018 fue detenido por vender banderas en la calle, y posteriormente acusado y condenado por portación y tenencia ilegal de armas y entorpecimiento de servicios públicos.
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«Es una situación que nos preocupa muchísimo. Constituye una violación a los derechos de la ciudadanía. Es un patrón recurrente. Es reprochable, absolutamente cuestionable, e indignante», dijo a Efe el activista del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce.
«Hay un ensañamiento contra los más vulnerables. La violencia policial contra la comerciante de banderas no la ves en operativos antidrogas», observó.
Para la integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Valeska Valle «lo de doña Tania lo hemos pasado muchas familias y jóvenes para quienes, desde el inicio de la crisis, alzar la bandera ha sido motivo de persecución, perpetuada por la Policía sandinista, asesina, y sancionada (por Estados Unidos) por graves violaciones a los derechos humanos».
Mensaje a nicaragüenses
Para los opositores y activistas, más que un caso esporádico, el de la comerciante fue un mensaje a los nicaragüenses que pretendan alzar la bandera de Nicaragua en el «mes de la patria».
«Está claro que es un mensaje. El simbolismo patrio del azul y blanco se vuelve complicado para los sandinistas en septiembre, porque significa libertad (…) El mensaje es: estamos preparados para secuestrar, confiscar, todo aquello que parezca resistencia cívica. Hay mensajes potentes», señaló Álvarez.
«Es un mensaje a la población, de fuerza, de violencia. En medio de la vulnerabilidad del Gobierno y del FSLN, se muestran como un cuerpo cohesionado incluso con los paramilitares para que la gente tenga miedo», opinó Arce.
«Tratan de generar miedo. Pareciera que sólo ellos tienen la potestad de poner la bandera», coincidió Valle, quien se cuestionó sobre cómo se supone que haya elecciones en 2021 bajo estas condiciones.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.