En su desesperado intento por capear las sanciones internacionales que se han ganado (bien merecido) por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la dictadura Ortega Murillo ha aprobado una ley que abre las vías a las sanciones a la banca y el quiebre del sistema financiero nacional.
El Corral Legislativo, o la Chanchera a como popularmente se le conoce a la Asamblea de los Ortega Murillo, aprobó este lunes la polémica Ley de “Protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”.
Esta declara nulas las sanciones internacionales contra funcionarios e instituciones sancionadas por violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
La norma obliga a los bancos del país a restablecer o mantener servicios financieros a estos individuos y entidades, en abierta contravención con las normativas internacionales.
La aprobación, realizada por unanimidad en un parlamento subordinado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), establece que las sanciones extranjeras “carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”.
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Banca en la cuerda floja
La ley, sin embargo, pone al sistema financiero nicaragüense en una situación crítica y abre la vía para las sanciones a la banca.
Amplias voces expertas han advertido que los bancos que desobedezcan las sanciones internacionales podrían ser ellos mismos objeto de sanciones secundarias, lo que los excluiría del sistema financiero global.
Esto significaría la imposibilidad de realizar transacciones internacionales, afectar sus operaciones con corresponsales bancarios y, en el peor de los casos, un colapso del sistema bancario nacional.
“El sistema financiero de Nicaragua depende de su conexión con el sistema internacional para transacciones, pagos y financiamiento. Obligar a los bancos a ignorar las sanciones los fuerza a elegir entre el cumplimiento con las normativas locales o las internacionales».
«Las consecuencias de esto pueden ser devastadoras”, afirmó un analista financiero que prefirió el anonimato por razones de seguridad.
La medida también pone en riesgo la credibilidad de las instituciones bancarias ante la comunidad internacional y ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Sanciones y su alcance
Desde 2018, decenas de funcionarios y familiares de Ortega, incluidala siniestra Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países por violaciones a los derechos humanos, represión política y corrupción.
Estas sanciones han congelado activos y prohibido transacciones financieras en el extranjero, imponiendo una «muerte financiera» a los afectados.
Entre las instituciones sancionadas están la Policía sandinista, Telcor, la Chanchera y el Ejército de la familia dictatorial, señalados como pilares de la represión del régimen.
La más reciente medida internacional provino de Biden, quien extendió un año más la calificación de Nicaragua como amenaza a su seguridad nacional, luego que Suiza renovara el 22 de octubre las sanciones contra 21 funcionarios y tres instituciones de la dictadura.
Riesgos de aislamiento financiero total a la banca
Expertos consultados advierten que los bancos que cumplan con esta nueva ley corren el riesgo de ser desconectados de los sistemas de transferencias globales como SWIFT, lo que complicaría no solo las operaciones comerciales internacionales del país, sino también el envío de remesas, vitales para la economía nicaragüense.
“La exclusión del sistema financiero global es una posibilidad real y devastadora. Esto no solo afectará a los bancos, sino a toda la economía nicaragüense, que ya se encuentra golpeada por el aislamiento internacional y la desconfianza de los mercados”, afirmó el economista exiliado en Costa Rica.
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Concentración de poder traería el colapso
La ley también es vista como un paso más en la consolidación del control absoluto del régimen Ortega-Murillo sobre todas las instituciones del país.
Al forzar a la banca a desobedecer sanciones, el régimen busca garantizar que sus operadores y aliados sigan teniendo acceso al sistema financiero, pese a las restricciones impuestas desde el extranjero.
Sin embargo, los costos de esta decisión podrían superar cualquier beneficio inmediato.
“Estamos ante una receta para el colapso financiero. Obligar a los bancos a violar las reglas internacionales podría ser el tiro de gracia para una economía que ya camina sobre terreno frágil”, concluyó el experto consultado.
La comunidad internacional aún no ha emitido una respuesta formal, pero analistas esperan que esta medida pueda acelerar nuevas sanciones dirigidas no solo contra el régimen, sino también contra sectores económicos que intenten ejecutar estas disposiciones legales.