Suiza renovó este 24 de octubre de 2024, por cuarto año consecutivo, las sanciones impuestas en 2020 contra la dictadura sandinista de Nicaragua, manteniendo como principal figura sancionada a Rosario Murillo, co-dictadora del país.
Junto a ella se encuentran 20 funcionarios y tres instituciones clave, vinculadas a la represión y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil nicaragüense desde 2018.
La renovación de estas sanciones se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional del régimen de Daniel Ortega, acusado de perseguir a sus oponentes políticos y a los medios de comunicación independientes y perpetrar crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.
Ortega, anclado al poder desde 2007, suma 17 años en la silla presidencial a sangre y fuego, con cientos de asesinatos a cuestas y miles de desaparecidos, torturados, desterrados y confiscados.
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Hasta «Juan Coca» sigue sancionado
Suiza estableció sanciones por primera vez en junio de 2020 y amplió en 2021, alcanzando al vástago de la dictadura Juan Carlos Ortega Murillo, alias «Juan Coca», hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega, quien dirige el Canal 8, comprado mediante acciones corruptas con fondos de Venezuela.
Tanto él como su madre han sido señalados como actores clave en la represión de la oposición y en la restricción de la libertad de prensa.
Entre otros individuos sancionados por Suiza se encuentran funcionarios destituidos o apartados por el régimen, como la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos.
Incluyen a la fiscal general de la dictadura, Ana Julia Guido, el presidente de la Asamblea de los Ortega-Murillo, Gustavo Porras Cortés; el corrido jefe de Vigilancia y Patrullaje de la policía sandinista Juan Valle Valle, el esbirro policial de León, Fidel Domínguez.
Además está el asesor económico del dictador Ortega, Bayardo Arce y otros más.
Suiza: sancionados hasta nuevo aviso
Las sanciones incluyen restricciones financieras y de viaje, y según la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO), están alineadas con las preocupaciones compartidas con la Unión Europea sobre la continua violación de derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
Las medidas seguirán en vigor hasta octubre de 2025 y aplican únicamente a funcionarios del régimen y no a la población civil, según la oficina de SECO.
«Estas acciones subrayan la postura firme de Suiza y la UE en contra de las violaciones cometidas por el gobierno sandinista y refuerzan el aislamiento diplomático que enfrenta el régimen de Ortega en el ámbito internacional», dice la nota de prensa.
Tomado de agencias EFE y AFP